vigilantes en el Ceuta Center ante las vejaciones, e insultos a funcionarios

La Sección Sindical de la FeSP-UGT denuncia “vejaciones, insultos y malos tratos por parte de algunos ciudadanos incívicos y sin educación que humillan y vejan, afortunadamente la mayoría de las veces de palabra, a estos trabajadores que cumplen un servicio público destinado al ciudadano”.

Para atajar este problema, desde UGT reclaman un servicio de seguridad y dsn un plazo de una semana paraponerlo en marcha antesde acudir a la Inspección de Trabajo.

“Exigimos que se habiliten los procedimientos oportunos, para que, como muy tarde la próxima semana, haya profesionales de la seguridad y que no vayan a parchear con empleados de empresas municipales que ni están cualificados, ni es éste su cometido”. Desde UGT se pide que reinstaure servicio de vigilancia de seguridad que se retiró por falta de consignación presupuestaria. “Aquí no hay dinero para que estos trabajadores puedan desarrollar su trabajo sin sobresaltos, mientras con la mayor desfachatez del mundo se nombran altos cargos a porrillo sin que exista el más mínimo problema presupuestario. A los amigos hay que tenerlos contentos, a los trabajadores que les vayan dando”.

Desde la UGT pedirán por escrito a la Consejería de Hacienda, responsable del área para que, “de inmediato” se contrate un servicio de vigilantes de seguridad y “si este problema no queda resuelto en esta semana vamos a adoptar medidas contundentes para que se solucione este problema de una vez por todas”, avisan, declarándose dispuestos a acudir a la Inspección de Trabajo parta solicitar el cierre de las instalaciones mientras no haya seguridad para estos empleados públicos, “así como otro tipo de medidas que hagan ver a los responsables del Gobierno Local que con la integridad física de los trabajadores no se juega”.

Detenido en Elda un yihadista de Daesh huido de Alemania que quería asentarse en España

E.M.A., marroquí y de 25 años de edad, formaba parte del llamado 'aparato exterior' del Estado Islámico, según las pesquisas policiales.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a E.M.A., marroquí de 25 años de edad, en la localidad alicantina de Elda por su presunta participación en los delitos de falsedad documental, fraude fiscal y estafa. La detención se ha materializado gracias a una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por Alemania.

La operación se ha desarrollado por la Comisaría General de Información en colaboración con las Brigadas Provinciales de Información de Guipúzcoa y Alicante de la Policía Nacional.

En el año 2016, agentes de la Policía Nacional iniciaron una investigación sobre una estructura del aparato exterior de Estado Islámico, que operaba en Europa y cuyas misiones principales eran las de reclutar nuevos miembros para la organización y planear atentados en nuestro continente.

Así, los miembros operativos de la trama habían planeado ejecutar un atentado con Kalashnikov el 01 de diciembre de 2016 en París, que finalmente no se produjo gracias a la acción policial. Durante el desarrollo de esa investigación se identificó a tres personas, pertenecientes a dicha estructura del aparato exterior de Estado Islámico, que operaba desde Alemania proporcionando apoyo logístico y documentación falsa a otros terroristas, para que la utilizaran en sus desplazamientos por Europa.

Posteriormente, en 2017 las autoridades germanas realizaron una operación en la que se detuvo a dos de los integrantes del grupo de apoyo logístico, si bien E.M.A logró escapar y huyó de Alemania, ocultándose y moviéndose de forma clandestina por varios países, hasta recalar en España.

El posterior análisis de la información realizado por parte de los investigadores de la Comisaría General de Información, permitió conocer que el detenido había accedido de forma ilegal a suelo español.

E.M.A. tenía la intención de quedarse de forma permanente en España e intentó pasar inadvertido. Así, para evitar ser detectado tomaba numerosas medidas de seguridad. No obstante, los agentes consiguieron seguir sus pasos en nuestro país y detenerle en la citada localidad del Levante español, donde se ocultaba.

La operación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 2 y coordinada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Aunque esta detención se ha producido sobre la base de una O.E.D.E. alemana, su origen se fragua en la investigación de una estructura perteneciente al aparato exterior del Estado Islámico, realizada por la Comisaría General de Información. Así, en el marco de esa investigación, además de identificar al grupo que operaba desde Alemania, dando apoyo logístico, también se practicó la detención en España de un miembro que pertenecía a esa estructura del aparato exterior.

Pero las conexiones de ese grupo de apoyo logístico, en el que estaba integrado E.M.A, no terminaban en nuestro país. Otros detenidos en Francia, Alemania y Marruecos, que también formaban parte de la estructura del aparato exterior de la organización terrorista, contaron con el soporte que éstos proporcionaban.

Esta detención se enmarca en la estrategia impulsada por la Comisaría General de Información en la lucha contra el terrorismo yihadista. Una muestra de cómo abordar un fenómeno delictivo global que requiere un esfuerzo que trasciende las fronteras y exige una sólida cooperación policial y judicial internacional.

​Los vigilantes del Centro de Menores Avelino Montero sobrepasados por las agresiones

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión sindical Obrera (FTSP-USO) reclama a la Xunta de Galicia “más medios de protección” para los trabajadores encargados de la seguridad del centro, después de la reunión mantenida entre el sindicato, la dirección del complejo y la empresa encargada de la seguridad.

En el encuentro se trató de forma pormenorizada la problemática surgida en los últimos meses por las frecuentes agresiones infligidas por los internos a los miembros de la seguridad del centro, además de la escasez de medios de protección para los vigilantes.

“La dirección del centro puso en valor la gran profesionalidad de los vigilantes de seguridad cuando se producen situaciones violentas, los cuales anteponen la integridad física de los cuidadores e internos a la suya propia”, destaca la nota emitida por el sindicato.

Ante la falta de garantías en torno a mantener la integridad física de los miembros de la seguridad, se puso en conocimiento de la dirección y la empresa contratista la necesidad de dotar a los trabajadores de chalecos anti trauma y escudos de protección. “La dirección del centro se ha comprometido a solicitar a la Xunta de Galicia los medios solicitados y la empresa de seguridad a su pertinente homologación en la Unidad de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía”, subraya el comunicado.

“Desde el sindicato felicitan la actitud y colaboración de la dirección del Avelino Montero para conseguir entre todos un centro más seguro para trabajadores y usuarios, a la espera de una pronta implantación de los medios prometidos”, concluye el sindicato. 

El chaleco antibalas salva a un vigilante en la estación de El Vendrell

Lleva más de 25 años dedicado a la seguridad privada y por eso no dudó en comprarse un chaleco. Antibalas y anticortes. 600 euros le costó hace unos años. 

Ese chaleco le ha podido salvar la vida al vigilante de seguridad en la estación de Renfe de El Vendrell que el domingo fue atacado con un cúter que le dejó un corte de 10 centímetros en la protección.

Los Mossos d’Esquadra detuvieron a un hombre al que acusaron de lesiones y amenazas por ese ataque. En el juicio rápido que se ha celebrado el acusado ha quedado en libertad provisional, pero habrá una nueva sesión penal el 8 de octubre.

Tumbado
Fue el pasado domingo sobre las tres de la tarde. Un hombre estaba tumbado en un banco de la estación.  El único vigilante de seguridad que había le requirió para que no estuviese en esa postura. Pero el hombre hizo caso omiso y siguió tumbado. Una mujer le acompañaba. 

Tras unos minutos el vigilante volvió a pedir al hombre que se levantase.Por respuesta golpeó a la mujer y amenazó al vigilante, por lo que fue detenido por este que además, le puso unas esposas. Pasados unos minutos que se mostró más tranquilo y al retirarle los grilletes el hombre sacó un cúter y atacó al vigilante y salió corriendo.

El vigilante no sufrió daños gracias al chaleco antibalas y anti cortes que llevaba puesto, pero donde el ataque dejó una huella de diez centímetros.

Localizado
Hasta la zona llegaron los mossos d’esquadra que localizaron al agresor en una zona próxima a la estación y lo detuvieron. Está acusado de los delitos de lesiones y amenazas. 

La situación en la estación de El Vendrell no es nueva. Ni por la inseguridad, ni por la desprotección que tiene el personal de seguridad. Los usuarios del tren reclaman más vigilancia e iluminación. Son pocos los que se atreven a pasar por el subterráneo y muchos los que se hacen ir a buscar si llegan a la estación a horas de oscuridad.

un punto oscuro de la estación.

Por su parte los vigilantes avisan que tanto El Vendrell como Sant Vicenç de Calders y las otras estaciones de la comarca son muy conflictivas y que es peligroso y nada operativo que haya un único vigilante. También piden más equipamiento de defensa ante el incremento de ataques. En el caso del domingo es el profesional quien se compró el chaleco porque es un material que no suelen proporcionarlo las empresas.

En trenes, vagones de metro y estaciones son cada vez más habituales las agresiones al personal de vigilancia.  El pasado julio una vigilante tuvo que ser atendida por heridas en manos y brazos por una agresión en la estación de Sant Vicenç de Calders por parte de un joven que carecía de billete.  La vigilante tuvo que ser trasladada al hospital de El Vendrell.También en la estación de Segur de Calafell los vigilantes de seguridad han sufrido agresiones. 

Agresión a un vigilante en Sant Vicenç de Calders.

Hace unos años en la estación de Sant Vicenç de Calders otro vigilante también salvó la vida porque la navaja que le iban a clavar en el pecho dio en el teléfono móvil que llevaba en el bolsillo de la cazadora.

No están respaldados
Los profesionales son agentes de la autoridad, pero no se sienten ni respaldados ni protegidos por las administraciones pese a ser los garantes de la seguridad a diario de miles de personas en los lugares de pública concurrencia.

Una vigilante de seguridad dispara por accidente a su compañero en una riña

Una mujer, vigilante de seguridad de una empresa privada que se encarga de la vigilancia del recinto militar de Sant Boi de Llobregat, ha disparado este miércoles por la tarde contra su compañero de trabajo durante una discusión entre ambos, han confirmado fuentes policiales.





El hombre ha resultado ileso y la mujer ha sido detenida por un delito de amenazas.

Los hechos se han producido en torno a las 18.00 cuando los dos vigilantes han iniciado una riña por causas desconocidas. Al parecer, en pleno enfrentamiento, la mujer ha sacado su arma reglamentaria, que, según ha testificado más tarde ante los Mossos d'Esquadra, se ha disparado de manera accidental.

El tiro no ha llegado a rozar al hombre, que ha salido indemne de la pelea. A la agresora se le imputa, no obstante, un delito de amenazas, al haber empuñado una pistola contra su compañero.

La dirección general de Administració i Seguretat de la Generalitat, el organismo de la Conselleria d'Interior del que dependen los vigilantes privados que desempeñan sus funciones en Catalunya, ha abierto una investigación para tratar de esclarecer los hechos, ocurridos en la zona del cuartel militar de Santa Eulàlia, en el centro urbano de Sant Boi. 

Denunciados 12 casos de intrusismo en Seguridad Privada desde enero

Agentes de la Policía Nacional han formulado en lo que va de año un total de 12 denuncias que han sido presentadas ante la Subdelegación del Gobierno en Cádiz contra empresas y personal no habilitado con motivo de la detección de otros tantos casos de intrusismo en el sector de la Seguridad Privada en la provincia de Cádiz.






En una nota, la Policía ha destacado que las intervenciones han sido realizadas a través de las unidades de Seguridad Privada de las comisarías de la provincia para velar por el cumplimiento de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, la cual "reserva en exclusiva a empresas autorizadas por el Ministerio del Interior la contratación y al personal habilitado la prestación de los servicios de vigilancia y protección respectivamente". La mayoría de los casos detectados se producen en el ámbito de la construcción, "donde las empresas buscan protegerse, mediante la contratación de personal "low cost" ante robos de materiales de construcción u ocupaciones de fincas listas para la entrega a sus legítimos propietarios". Los casos de intrusismo, según ha agregado, no se circunscriben a este tipo de actividad, sino que "también se dan en la vigilancia de comunidades de vecinos, explotaciones agrícolas e industriales, puertos deportivos y en garajes comunitarios, donde en la mayor parte de los casos se intenta camuflar la prestación de un servicio efectivo de vigilancia y protección de bienes y personas simulando actividades de mantenimiento o de conserjería inexistentes". De esta manera, se pretende ahorrar el coste adicional que supone la contratación de una empresa de seguridad para que ésta le aporte el personal habilitado que necesita, que, "además cuenta con la formación necesaria, ha pasado un riguroso proceso selectivo para su habilitación por el Ministerio del Interior y está sometido al control de la Dirección General de la Policía en el caso de los vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, detectives y escoltas privados, o al de la Dirección General de la Guardia Civil en el de los guardas rurales de campo y los guardapescas marítimos". La prestación de servicios de seguridad por empresas no autorizadas y el desempeño de las funciones de vigilancia y protección por personal no habilitado se encuentra "severamente" castigado en la referida Ley de Seguridad Privada "con multas que en los casos más graves para las empresas oscilan entre los 30.001 y los 600.000 euros y pueden conllevar la inhabilitación para el ejercicio de su actividad mercantil". En el caso de las personas físicas no habilitadas que los presten, la cuantía de las sanciones por intrusismo van "desde los 6.001 a los 30.000 euros". Asimismo estas multas se pueden hacer extensivas a los usuarios de los servicios de las empresas no autorizadas y del personal no habilitado. En tres de los casos, los trabajadores no habilitados contaban con un "amplio" historial delictivo, principalmente por delitos contra el patrimonio y contra la integridad física de las personas, y en otra de las ocasiones por tráfico de drogas. Igualmente, en otra de las situaciones denunciadas, al trabajador intruso le fue intervenido un dispositivo lanza destellos, similar a los utilizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que colocaba visible en el techo de su vehículo a fin de ahuyentar a posibles ladrones. Paralelamente, además de a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, en varios de los casos se dio cuenta a la Delegación Provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de presuntas irregularidades detectadas en la contratación de los "intrusos" y de las precarias condiciones laborales a las que las empresas para las que trabajan comúnmente someten a sus empleados, pues son muy habituales las interminables jornadas de trabajo y unas cotizaciones mínimas a la Seguridad Social.

Vigilantes de seguridad rescatan del interior de un vehículo a dos niños de 18 meses en el aparcamiento del Centro Comercial El Ingenio

Gracias a la actuación de dos vigilantes de Seguridad del Centro Comercial El Ingenio, los compañeros de Seguridad Ciudadana procedieron ayer a la detención de una persona por dejar solos dentro de su vehículo, con altas temperaturas, a dos menores de 18 meses.





Los hechos ocurrieron sobre las 14.00 horas de ayer. Las gemelas de 18 meses, de nacionalidad alemana, fueron rescatadas del interior de un vehículo que estaba estacionado en el aparcamiento del centro comercial El Ingenio. La voz de alarma la dieron varios clientes, que oyeron los llantos de las bebés al pasar junto al coche, que estaba aparcado al sol y tenía únicamente unos pocos centímetros abiertas las ventanillas posteriores, donde estaban las pequeñas en sus sillas de viaje.

Los primeros que se personaron en el lugar fueron los vigilantes de seguridad del centro comercial, que llamaron inmediatamente a la Policía Local. Pocos minutos después de sacar a las pequeñas del interior del coche, en la zona se personó un niño de 8 años, que se identificó, en inglés, como hermano de las bebés. Fue este menor el que condujo a los agentes y vigilantes hasta la madre, que se encontraba en el interior de una de las tiendas del centro comercial comprando ropa junto a otra de sus hijas, de unos 10 años. Al parecer, el padre estaba en Cómpeta, donde la familia, procedente de Alemania, estaba pasando unos días de vacaciones. Allí se había quedado también un quinto hijo de la pareja.

Los agentes procedieron a identificar y detener a la mujer, poniéndola a disposición de la Policía Nacional, acusada de un presunto delito de abandono de menores con riesgo para sus vidas. Según ha podido saber este periódico, las bebés estuvieron alrededor de media hora solas en el interior del coche, a pleno sol. No obstante, las pequeñas se encontraban en buen estado de salud y no precisaron de asistencia sanitaria tras ser rescatadas, siempre según el periódico malagueño.

Unos ladrones atropellan y matan a un vigilante cuando iban a robar en una plantación de cáñamo en Llíria

El trabajador quedó atrapado bajo el vehículo y los autores huyeron en un segundo coche

Un vigilante de una plantación de cáñamo legal falleció ayer por la tarde tras enfrentarse a unos ladro​nes que presuntamente iban a robar creyendo que se trataba de cannabis. El trabajador que estaba vigilando el recinto fue arrollado por uno de los vehículos utilizados por los asaltantes, quienes huyeron en un segundo coche dejando al hombre, de origen árabe, atrapado bajo el vehículo.

De hecho fue necesario que los bomberos del Consorcio Provincial excarcelaran al vigilante, pero cuando lo sacaron los medios sanitarios desplazados al lugar no pudieron hacer nada por salvar su vida.

El grupo de Homicidios de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y al cierre de esta edición no se habían producido detenciones relacionadas con el atropello mortal.

Asimismo, agentes del grupo de criminalística del Instituto Armado acudieron al lugar, situado en un barranco a las afueras de Llíria, donde realizaron una minuciosa inspección ocular del vehículo, para tomar huellas y recabar otros vestigios que puedan llevar hasta los autores de este crimen.

Los hechos ocurrieron a las 16.30 horas de ayer cuando dos vehículos con varias personas acudieron a la citada plantación de cáñamo, textil y alimenticio, en el camí del Forat de Llíria. Al parecer, el vigilante que custodiaba la misma los sorprendió robando y le hizo frente. Fue entonces cuando uno de los coches en los que trataban de huir arrolló al hombre.

Los sospechosos lograron escapar en el otro vehículo y hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Local de Llíria y de la Guardia Civil tras recibir el aviso.

Bomberos de los parques de l'Eliana y Paterna se movilizaron para liberar al vigilante atrapado bajo el vehículo, según informaron fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de València.

No obstante, el hombre ya había fallecido y nada se pudo hacer por salvar su vida. El Juzgado de Instrucción número 1 de Llíria procedió al levantamiento del cadáver a las 21.00 horas después de que el médico forense realizara una primera inspección del cuerpo en el lugar.

En los últimos tiempos, se han dado varios casos de intento de robo en plantaciones legales de cáñamo, un producto con propiedades aptas para los sectores de la cosmética o la alimentación y que ha atraído el interés de los delincuentes.

Escándalo en las cárceles españolas: Interior paga a una empresa privada la vigilancia exterior, pero la hacen guardias civiles

LA EMPRESA OMBUDS QUE LLEVA LA CONTRATA DE TODAS LAS CÁRCELES DE MADRID Y CASTILLA-LA MANCHA SE ENCUENTRA EN CONCURSO DE ACREEDORES SIN PAGAR

Desde el año 2013 la empresa Ombuds gestiona la seguridad privada de los exteriores en las siete prisiones de Madrid, la de Cáceres y las seis de Castilla-La Mancha, entre las que se encuentra La Torrecica (Albacete), donde se ha recortado la plantilla un 33 por ciento. Los puestos y las funciones de seguridad a cubrir las están haciendo guardias civiles, que denuncian la situación y piden que se anulen los contratos, así como que estas funciones pase a realizarlas el personal de reserva.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denuciado como gota que colma el vaso la falta de personal de la seguridad privada en los exteriores del centro penitenciario de La Torrecica, en Albacete. De esta manera, aseguran que la empresa Ombuds, encargada de la vigilancia en los exteriores de la prisión, ha recortado su plantilla en un 33%.

Desde el año 2013, estas funciones de seguridad las realizan empresas privadas tras su externalización por parte del Ministerio del Interior. Así, la empresa Ombuds tiene adjudicadas las siete prisiones de Madrid, las seis de Castilla-La Mancha y la de Cáceres.

Ombuds se encuentra en situación concursal y algunos de sus trabajadores aún no han percibido las nóminas de junio, julio y la extra de verano. Esta situación ha provocado que los empleados afectados decidan no hacer más horas extra desde el pasado 19 de agosto, por lo que los puestos que faltan los están cubriendo guardias civiles.

Por ejemplo, el servicio de seguridad del exterior de La Torrecica lo realizan seis vigilantes normalmente y ahora solo hay cuatro empleados trabajando, con lo que las funciones de esos dos empleados las están llevando a cabo agentes de la Benemérita y se podría estar dando un incumplimiento de contrato de la empresa adjudicataria.  

El Estado está pagando por estos servicios a una empresa de seguridad privada, pero realmente son los guardias civiles quienes están haciendo parte de esas funciones, dándose una situación parecida a la que se produjo en su día con el aeropuerto de El Prat-Barcelona, donde el Gobierno recurrió a los guardias civiles para paliar los efectos del conflicto laboral planteado por los vigilantes privados.

Los trabajadores de Ombuds hasta ahora realizaban muchas horas extra, con turnos de hasta 12 horas diarias, porque el sueldo que perciben es “ínfimo”, tal y como aseguran desde AUGC, afirmando que algunos trabajadores ya han cubierto todas las horas del mes de agosto y han superado el cupo.

Un contrato con privilegios

El problema no solo afecta a este centro penitenciario, sino que todos los que controla Ombuds se están viendo perjudicados por la situación de la empresa. En este sentido, AUGC lleva seis años reclamando que se anule el contrato con Ombuds.

El pasado 31 de julio, ya denunció la situación precaria de estos trabajadores en un comunicado, donde reclamaban al Gobierno que anulara los contratos de privatización de la seguridad privada de los centros penitenciarios y que estas funciones volvieran a corresponder a guardias civiles y policías.

Ombuds ha recortado un 33 por ciento de su plantilla en La Torrecica

De esta manera, manifiestan que “la empresa de seguridad privada Ombuds se encuentra en situación concursal y sus trabajadores no han percibido las últimas nóminas, a lo cual debe añadirse la incertidumbre sobre lo que ocurrirá con sus puestos de trabajo”.

La AUGC también menciona los privilegios que Ombuds obtiene con el contrato adjudicado por el Ministerio del Interior, puesto que Ombuds llegó a acumular hasta tres de los cuatro lotes contratados (el 78% del presupuesto total), a pesar de que el propio Gobierno había anunciado que cada lote se adjudicaría a una empresa diferente. AUGC reclamó y el Ejecutivo se limitó a decir que “la adjudicación de cada uno de los lotes se realizó al licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa para la Administración”.

Gasto de 210 millones en seguridad privada

Hasta 210 millones de euros lleva gastados el Ministerio del Interior en estos servicios de seguridad privada, mientras que “los vigilantes que prestan dichos servicios perciben unas retribuciones exiguas y además sufren situaciones tan preocupantes como la que ahora se está produciendo en Ombuds”, denuncia la asociación.

Además, critican que “pueden verse afectadas cuestiones fundamentales como la libre circulación de las personas, sectores económicos relevantes, y en definitiva la seguridad pública en toda su extensión”.

Desde el sindicato de guardias civiles solicitan al Gobierno que se rescinda el contrato con la empresa Ombuds y realicen una nueva licitación. Asimismo, proponen como una de las medidas para poner fin a esta problemática que una parte del personal en situación de reserva se reincorpore “en virtud del acuerdo para la equiparación salarial” y sea destinado a esos cometidos que están llevando a cabo las empresas de seguridad privada.

Los vigilantes del Hospital Comarcal Valdeorras se movilizan al no ser abonado la nómina de mes de julio y no respetar el convenio

Los cinco vigilantes de seguridad del Hospital Comarcal Valdeorras se movilizaron, apoyados por sindicalistas del centro hospitalario, para reclamar los salarios que les adeuda su empresa " ridad Integral Y Mantenimientos A-1, S.l". Aseguran que este retraso, que también sufren los cinco vigilantes del Hospital de Verín, lo vienen sufriendo desde hace casi un año. 



Los trabajadores explicaron que fueron subrogados a la citada empresa, que presta servicios en el Hospital desde el 1 de junio de 2018, y también que esta "incumple reiteradamente con retrasos sistemáticos o abono da nómina" desde septiembre de 2018. 
En la actualidad, los vigilantes siguen a la espera de la nómina de julio, a pesar de que el convenio dice que "Seguridad Integral E MTO. A-1 SL"debería habérsela ingresado "a día 3 del mes vencido".


Estos cinco empleados aseguran tener constancia de que el Sergas abona "en tempo e forma" la suma que concertó con la empresa y le solicitan que cumpla la Ley de Contratación Pública, al no respetar el convenio la empresa