El Gobierno quiere retirar a Alcor la vigilancia de los centros de menores

Las supuestas irregularidades de la seguridad en las instalaciones de Valle Tabares y La Montañeta llevan a la Dirección General de Protección a la Infancia a plantearse rescindir el contrato con la empresa

La Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias se ha propuesto retirar el servicio de vigilancia privada de los centros de internamiento educativo de menores infractores del Archipiélago (Valle Tabares y La Montañeta) a la empresa Alcor Seguridad por las presuntas irregularidades e incumplimientos llevados a cabo.

La directora general de dicho departamento, Iratxe Serrano, confirmó que el Ejecutivo autónomo trabaja con esta intención y aclaró que "estamos a la espera de un informe del Consejo Consultivo" para adoptar tal medida.

Serrano comentó que "la prioridad es la rescisión del contrato". Algunos de los motivos esgrimidos por dicho organismo de la administración son que hay fines de semana en que algunos vigilantes no acuden a su puestos, que admite que un empleado continúe en su plaza laboral a pesar de que tiene una condena en firme por violencia de género o, por ejemplo, no actuar de manera apropiada ante una situación de conflicto entre adolescentes internos.

La directora general argumenta que "no queremos poner en peligro al personal educativo de los centros ni a los propios menores". Desde hace años, la actividad educativa en los centros de internamiento para menores infractores en ambas provincias está gestionada por la Fundación Juventud Canaria Ideo. Según Serrano, ante enfrentamientos violentos entre internos o un motín, "la respuesta de los vigilantes no ha sido la esperada y esto resulta preocupante".

"No hay que liarse a palos"

La responsable de Protección a la Infancia señala que una actuación apropiada "no consiste en liarse a palos" y opina que a los vigilantes de los recursos de Valle Tabares (Tenerife) o La Montañeta (Gran Canaria) les falta formación en ese ámbito. Recuerda que ambos centros tienen "un carácter educativo, en consecuencia lo que hace el equipo formativo y el de seguridad privada deben estar en consonancia". Serrano detalla que "tenemos que ser garantistas con los derechos de los menores internos" y las instalaciones deben cumplir su función.

Hace poco más de dos años, Alcor Seguridad logró la adjudicación del servicio de seguridad privada en los dos centros de internamiento educativo de menores infractores del Archipiélago.

En aquel momento, el sindicato USO denunció que no subrogara a 20 trabajadores que estaban en la plantilla con la anterior concesionaria, Seguridad Integral Canaria (SIC). USO aseguró que Alcor se descolgó del convenio estatal en 2013 para recortar salarios, ampliar la jornada por encima del referido acuerdo nacional y aplicar salarios que no llegaban a los 1.000 euros.

Tres meses más tarde, en diciembre del 2017, la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada (FTSP) de USO recordó las grandes diferencias salariales existentes entre aquellos vigilantes que habían sido subrogados y los contratados específicamente por Alcor para cubrir las necesidades del servicio. En opinión de dicho sindicato, tal realidad generó malestar entre ambos grupos de persona e, incluso, enfrentamientos. Dicha organización sindical aseguró que aquellos empleados que no fueron subrogados tenían que realizar, en algunos casos, hasta 200 horas mensuales más de trabajo, por lo que afrontaban hasta 40 más de las establecidas en el convenio nacional para el sector. Para USO, tal circunstancia generaba un grave perjuicio para los afectados, que tenían serias dificultades para conciliar su vida laboral y familiar o personal.

Sin formación específica

Otra de las quejas efectuadas a finales de 2017 es que el personal contratado más recientemente comenzó a desempeñar su labor sin tener formación específica para actuar ante situaciones de riesgo, con lo que se pone en peligro la seguridad de los internos y del personal que trabaja en las instalaciones de Valle Tabares.

En mayo del pasado año, USO denunció públicamente que una coordinadora de servicio había agredido físicamente a una vigilante que había acudido a buscar documentación a su oficina. Supuestamente, tras una discusión entre ambas mujeres, la encargada empujó y golpeó en la cara a la citada empleada. El hecho se denunció ante la Policía Nacional.