Los vigilantes de seguridad del aeropuerto de Barcelona suman cinco semanas con un paro indefinido convocado y únicamente secundado por diez trabajadores

Los vigilantes de seguridad del aeropuerto de El Prat de Barcelona siguen en huelga y ya suman cinco semanas consecutivas de paros. Más allá de la fachada del titular, la estampa que se dibuja en los controles del aeródromo de la capital catalana es de rotunda normalidad, más interrumpida por los retrasos de determinadas aerolíneas o por otros conflictos laborales que no por el que se preveía inicialmente como el mayor dolor de cabeza durante la operación retorno del verano. Con todavía recientes en la retina de más de un viajero las imágenes del caos y las multitudinarias colas durante los paros de la plantilla de Eulen en el 2017, en esta ocasión en Barcelona sigue en curso una protesta invisible. 

El anuncio de la huelga de vigilantes de Trablisa llegó a las oficinas del Departament de Treball de la Generalitat en la tarde del viernes 26 de julio, durante una de las mediaciones entre Iberia y el personal de tierra del aeropuerto de El Prat, que finalmente fracasó. Altos cargos de Treball, ente responsable de las mediaciones en los conflictos laborales para tratar de evitar los paros, reconocieron estar sensiblemente más preocupados por la huelga de los vigilantes de seguridad que no por la ya inevitable en Iberia. El episodio del 2017 de Eulen estaba aún presente.

¿Cómo es posible que una huelga, a la que están llamados 500 trabajadores, en un enclave estratégico para la circulación de pasajeros en el aeropuerto como son los controles de seguridad esté teniendo una nula afectación? ¿Como los bolsillos de unos empleados que cobran poco más de mil euros pueden aguantar más de un mes en huelga? La respuesta está en que únicamente diez personas están secundando los paros: los miembros del comité de huelga.

"Con unos servicios mínimos del 90% el Ministerio de Fomento nos ha negado el derecho a huelga", afirman desde el comité. Descontando los empleados con días festivos, de baja o de vacaciones, los huelguistas argumentan que es imposible para un trabajador secundar activamente la huelga, de ahí su mínimo seguimiento. La vía que están siguiendo aquellos que creen en el conflicto es dejar de realizar horas extras, una práctica recurrente en el sector que permite engrosar un salario base que, según el convenio, es de 1.168 euros brutos al mes.  

Y para asegurarse que los controles de El Prat revistan todavía más normalidad de la esperada si no hubiera una convocatoria de huelga de por medio, Trablisa, la empresa gestora y sucesora de Eulen, ha traído a personal de las bases de Madrid y Baleares. Así lo confirman fuentes de los comités de empresa de dichos aeropuertos, que reconocen que entre los trabajadores circulan más ofertas de las habituales para realizar horas en la capital catalana.

Cinco semanas y subiendo 

Cinco semanas lleva en pie el conflicto y desde el comité de huelga trasladan su posición en firme de que la convocatoria va para largo. Las novedades reconocen que no las podrán poner encima de la mesa los trabajadores, que no están haciendo huelga, sino esperan que lo hagan los tribunales. Actualmente los representantes sindicales han interpuesto una denuncia por esquirolaje y vulneración del derecho a huelga en los juzgados de primera instancia de El Prat.

Su esperanza pasa por que Aena entregue, tras petición judicial, las imágenes de la cámaras de videovigilancia para que el magistrado competente pueda acreditar, si los hubiere, los refuerzos posicionados por la empresa para evitar la incidencia del conflicto o la presencia de menos vigilantes de los permitidos por ley. El juicio está fijado para el próximo 18 de septiembre. Trablisa, sin prisas, se limita a invitar a los huelguistas a sentarse de nuevo a dialogar, en un gesto que pide más una rendición que un armnisticio.