Caos en las cárceles de Madrid, Castilla-LaMancha y Extremadura por falta de seguridad exterior

Los guardias civiles ya han avisado, el cese de la empresa de seguridad privada que vigilaba quince cárceles españolas los deja prácticamente indefensos durante la primera quincena de enero hasta que lleguen los refuerzos prometidos por el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska. La quiebra de Ombuds a quien nadie puso remedio ha dejado sin apenas vigilancia exterior los centros penitenciarios de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura.

La seguridad de los centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura está comprometida. Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, todavía no ha sustituido a los quinientos vigilantes de la empresa privada Ombuds que dejaron su trabajo el pasado 31 de diciembre, tras la finalización del contrato que su empresa mantenía con la Administración.

La ausencia de otra empresa se extenderá hasta el próximo mes de marzo cuando salga a concurso público la responsabilidad de la seguridad en estas cárceles de estas comunidades autónomas.

Faltan muchos guardias civiles en las cárceles.

La privatización en la seguridad de las cárceles ha pasado factura al Ministerio del Interior. La quiebra de Ombuds, la empresa encargada de la vigilancia exterior de 15 cárceles de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha, y la negativa de otras empresas a hacerse cargo de esta labor ha causado que Grande-Marlaska decida enviar a 240 policías y guardias civiles a cubrir los puestos de trabajo de los vigilantes. El problema es que estos efectivos llegarán a partir del 15 de enero.

La mala situación de la empresa, que entró en concurso de acreedores el pasado julio, propició que el Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande Marlaska tomase la decisión de enviar a un total de 240 guardias civiles y policías a cubrir los puestos de trabajo que Ombuds no puede asegurar, según informó El Pais. A esto se suma la negativa de otras entidades a presentarse al concurso convocado para llevar a cabo las labores de seguridad.

Esta situación ha generado desasosiego e incertidumbre entre los trabajadores del grupo, cuyas ausencias en el trabajo registraron un 30 por ciento algunos días de este pasado verano, debido a que no estaban percibiendo su correspondiente sueldo. Posteriormente, el administrador concursal de la empresa se comprometió a pagar los salarios de los vigilantes y, desde entonces los 200 vigilantes privados de Ombuds que cubrían los 51 puestos de seguridad de las 15 cárceles acudieron a su trabajo hasta el pasado 31 de diciembre.

Pero no sólo la quiebra de Ombus afectó a sus trabajadores, sino que asociaciones de guardias civiles también protestaron por la situación la privatización de los centros penitenciarios, pidiendo al ministerio del Interior que les devolviera las competencias totales sobre las prisiones en las que trabaja Ombuds.

¿Quién está detrás de Ombuds?

El clan de los Cortina, formado por José Luis, Antonio y los tres hijos de éste son los que están detrás del negocio de la seguridad en las cárceles españolas. La empresa Ombuds está formada al 75 por ciento por un fondo de inversión estadounidense, JZI, y al 25 por ciento por los Cortina. La entidad consta de 8.369 empleados según su propia información registral.

Según el sindicato Alternativa Sindical, Ombuds mantiene con la Agencia Tributaria una deuda de más de 40 millones de euros; en sólo dos años, la empresa ha pasado de obtener unos beneficios de más de 460.000 euros a acumular unas pérdidas de 5,9 millones de euros. Según las cuentas de 2018 presentadas en el Registro Mercantil la empresa tuvo ventas por valor de 204.262.687,93 euros, pero sin embargo su balance final arrojó un déficit de -15.735.530,20 euros.

Con la entrada de los americanos de JZI en el negocio de la familia Cortina, Ombuds se convirtió en la segunda empresa del sector en España en materia de seguridad privada, por detrás de Seguritas y justo por delante de Prosegur. A pesar de que los americanos pusieron al frente del negocio a su hombre, Miguel Rueda, quien era conocido por empleados y clientes es Rodrigo José Cortina López, Consejero Delegado y Director General de la compañía.

José Luis Cortina.

Rodrigo José Cortina es sobrino de José Luis Cortina, excoronel del ejército que durante el golpe de Estado del 23 F era jefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales del Cesid, actualmente CNI. Cortina permaneció un año en prisión preventiva, acusado de un delito de rebelión militar por haber hecho supuestamente de enlace entre el general Armada y el teniente coronel Tejero, pero luego fue juzgado y absuelto.

 Sin embargo, diez años después fue apartado de su destino después de que los planes secretos de intervención del Ejército español en la Guerra del Golfo se filtraran a la prensa. Él ha negado siempre que ambos hechos estuviesen relacionados.

Cortina fundó entonces I2v S.L., una consultora dedicada a la inteligencia y la logística para Defensa y en 2008 creó el Grupo Atenea. I2 y Atenea fueron las semillas del actual grupo Ombuds, a cuyo frente pusieron a Rodrigo, hijo de Antonio Cortina Prieto, hermano del excoronel.

Seguridad de AP

Antonio Cortina llegó a prestar servicios de seguridad privada a la Alianza Popular (AP) de de Manuel Fraga al comienzo de los 80. En 1995 fundó Doncorlop y Ombuds, convertidas ahora en dos de las principales empresas de la familia Cortina. De hecho Doncorlop S.L., fundada en 1995, tiene como administrador único a Rodrigo José Cortina López.

Otros dueños de la empresa son Ernercor Inversiones S.L. y Pablocor Inversiones S.L., con un 26,68% cada una, sociedades administradas por otros dos hijos de Antonio: Ernesto Cortina y Juan Pablo Cortina López. Otra parte igual pertenece a Recorti Inversiones S.L., en la que de nuevo aparece José Rodrigo Cortina como administrador único y su padre Antonio como apoderado. El 19,95% restante, en cambio, aparece a nombre de una persona física, Margarita Aracil Pizarro, esposa de José Luis Cortina, que también es socia de Ombuds Logística Integral, otra de las empresas del grupo.

José Luis Cortina y el exministro Zoido durante una inauguración.

Ombuds de Seguridad es la otra empresa importante del grupo Cortina, fundado en 1995, este grupo de empresas dedicado principalmente a la seguridad y en ella José Rodrigo Cortina aparece como consejero delegado y administrador. Su crecimiento coincidió con el Gobierno de Aznar, cuando Antonio era su directivo.

En 1996 Ombuds empezó a ganar contratos tan diversos como el mantenimiento del campo de golf del centro deportivo del aire y el servicio de vigilancia del Museo del Aire. Poco a poco Ombuds se hizo con los contratos de escoltas privados para políticos amenazados en el País Vasco y Navarra.

Desde 2011 la empresa de los Cortina obtuvo más de 60 licitaciones públicas para ofrecer servicios de seguridad, como un contrato de catorce millones de euros para vigilancia y seguridad en instalaciones de Renfe, ocho millones de euros para la vigilancia y seguridad en diferentes edificios de Correos o los contratos de seguridad para varios hospitales militares por cinco millones de euros.

Además, Ombuds de Seguridad fue una de las grandes beneficiadas por la privatización de la seguridad de las prisiones estatales desde 2013. Los sucesivos cambios de gobierno no le fueron mal, porque entre 2011 y 2015, el importe de los contratos públicos que fueron a esta empresa ascendió a unos 30 millones de euros.

Tan bien les fue el negocio a la familia que de los 3.660 empleados de 2016 pasaron a 8.369 empleados en 2017 que redujeron en 2018 hasta los 6.942 empleados, de los que el 66 por ciento son fijos. Ahora, tras las pérdidas del último año, la empresa está sujeta a la administración concursal de Baker Tilly Concursal S.L.P.

José Rodrigo Cortina continúa siendo administrador único y gerente de Doncorlop, de Ombuds Logística Integral, de Recorti Inversiones, de Gestión Integral y Mantenimiento Técnico de Inmuebles, Ombuds Servicios S.L. y Ombuds Compañía de Seguridad, que está ahora afectada por el concurso de acreedores que ha obligado a policías y guardias civiles a hacerse cargo de la vigilancia exterior de 15 cárceles españolas.

De momento, las tareas de vigilancia durante estos quince días se las reparten entre los pocos agentes de la Benemérita que quedan y los funcionarios de prisiones a través de circuitos cerrados de televisión, el acceso de personas y mercancías, así como la vigilancia de perímetros, las labores de indentificación. Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil ya ha advertido que así es prácticamente imposible mantener la efectividad total de la vigilancia en la prisiones.