El Gobierno reconoce que hubo "un comportamiento abusivo no acorde con el trato que han de recibir los ciudadanos, independientemente de su raza, sexo, religión" en un incidente del 11 de octubre pasado con la actuación de unos vigilantes de la empresa de seguridad Segurisa, contratista de Renfe, con un ciudadano de raza negra en la estación madrileña de Atocha.
En respuesta a una pregunta escrita de un diputado de En Comú Podem, el Gobierno dice que Renfe exige a las empresas contratadas y al personal a su servicio, "que desempeña sus funciones en sus instalaciones, el estricto cumplimiento de la legislación vigente penal, administrativa, ferroviaria, etc., estableciendo en sus contratos las tipificaciones y las penalizaciones correspondientes, en caso de incumplimiento".
El 19 de octubre pasado, Renfe abrió un expediente con propuesta de sanción a la firma Segurisa, encargada de la seguridad en la estación de Atocha, por un incidente que el día 11 anterior tuvo lugar en un tren de cercanías con un pasajero, al detectar una "falta grave" en la actitud de los vigilantes pero sin considerar que fuera una agresión racista.
El Gobierno dice además que Renfe exige a las empresas contratistas el estricto cumplimiento de la legislación de seguridad privada, distribuyendo entre ellas unas “normas sobre el trato con los clientes” que son -dice- "de obligado conocimiento y cumplimiento por los vigilantes" de dichas empresas.
Con respecto al incidente del 11 de octubre, el Gobierno dice que de las investigaciones iniciadas por Renfe de manera inmediata hay un "informe detallado" a la Unidad Central de Seguridad Privada y a la Sección Provincial de Seguridad Privada de Madrid y una "propuesta de sanción por falta grave" a la empresa SEGURISA "por el posible comportamiento abusivo de sus vigilantes de seguridad para con los ciudadanos".
La respuesta del Gobierno a En Comú Podem dice que "no se tiene conocimiento de situaciones similares y, si se produjeran, se tomarían las medidas necesarias para erradicarlas de inmediato".
Renfe, explica el Gobierno, exige en los Pliegos de Condiciones Particulares, a las empresas contratistas, el cumplimiento de la legislación vigente, y tipifica las conductas que supongan incumplimientos, clasificándolas en “leves”, “graves” y “muy graves”, que "llevan aparejadas las correspondientes sanciones económicas e incluso pérdida parcial o total del contrato".
Los incumplimientos que no tienen que ser sancionados por el Grupo RENFE son puestos en conocimiento de las Autoridades policiales, fiscales, judiciales o administrativas, según los casos, dice la respuesta del Gobierno.
En su momento, Renfe informó de que el incidente se originó en la estación de Atocha cuando un viajero se quejó a un vigilante de seguridad del comportamiento indebido de otro pasajero, que con su patinete impedía la entrada o salida de otras personas al tren.
Tras la negativa del pasajero a aceptar las indicaciones, a abandonar el tren o a mostrar su billete, el incidente termino con un forcejeo entre los vigilantes de seguridad y el viajero, que fue inmovilizado en el anden hasta la llegada de la Policía Nacional, que acompañó al hombre hasta el exterior de la estación.
En una primera reacción al suceso, al día siguiente de este, Renfe negó que los vigilantes de seguridad actuasen por razones racistas o xenófobas cuando sacaron del vagón a la fuerza al hombre, e indicó que la intervención se produjo porque el viajero "estaba perjudicando al resto del pasaje"
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