Las acusaciones de racismo por sucesos como el de la estación de Sants están provocando que algunos no actúen cuando detectan irregularidades en pasajeros extranjeros
El sector de trabajadores de la vigilancia privada que desarrollan su actividad en medios de transporte se muestra estos días muy preocupado por lo que consideran una “degradación de su imagen” a costa de varios incidentes registrados en los últimos meses, en los que se vieron involucrados vigilantes e inmigrantes.
El pasado mes de octubre, por ejemplo, Renfe abrió una investigación tras la aparición en redes sociales y medios de comunicación de un vídeo en el que tres vigilantes de seguridad desalojan por la fuerza a un inmigrante.
Según la versión de los vigilantes, el joven se negó a enseñar su título de viaje a los vigilantes alegando que ellos no podían solicitárselo y que esta era tarea exclusiva de los revisores de Cercanías. Acusó a los trabajadores de seguridad de actuar movidos por el racismo, y esa acusación se trasladó también a los medios.
La pasada semana tuvo lugar un incidente similar en la estación barcelonesa de Sants. El vigilante exigió la documentación a un inmigrante al que había visto forzar los tornos de salida de la estación -síntoma de que podría viajar sin billete-.
La discusión, grabada en vídeo, acabó filtrándose a través de una plataforma contra el racismo. El vigilante fue apartado y la empresa prestataria del servicio, Ombuds, sancionada por Renfe.
Estos dos casos, tal y como admiten trabajadores del sector a ECD, “son solo la punta del iceberg”. Y es que, como aseguran, este tipo de situaciones “se viven cada día en toda España. Raro es tener un compañero que no haya tenido una bronca” similar a las descritas.
“Muchos nos hemos replanteado nuestra forma de actuarcuando la persona a la que debemos dirigirnos es un extranjero de cualquier raza que no sea blanca” admite un vigilante que lleva más de una década prestando servicio alternativamente en el Metro de Madrid y en estaciones de Cercanías.
Y es que, como advierten, “algunos compañeros pasan directamente si ven a un inmigrante saltándose un torno,porque saben que si actúan la situación puede volverse en su contra”.
“Nos graban constantemente con el teléfono, en cuanto te acercas a un extranjero para pedirle con buenos modales que te muestre su ticket, ya hay uno o varios viajeros sacando el móvil para grabar la escena. Y claro, ahí empiezan los problemas porque el inmigrante se viene arriba. Al final, no puedes hacer nada porque ya te empiezan a llamar racista y fascista. La situación es insostenible, es imposible que realicemos nuestro trabajo” relatan.
Otros profesionales del sector, que desarrollan su actividad para el Metro de Barcelona, aseguran que también ellos están grabando con el teléfono algunas situaciones que se registran “impunemente” en estaciones céntricas de la ciudad y en las que “ya no podemos actuar”.
Hablan, en concreto, de unas imágenes que no quieren difundir “por temor a represalias” -e incluso a perder su trabajo- en las que se vería a decenas de manteros accediendo al metro saltándose los tornos de acceso. Un vídeo con escenas que “ya se han convertido en algo cotidiano. Aquí hay una parte de los pasajeros que no tienen las mismas obligaciones que el resto, pero sí más derechos. Por ejemplo, a no ser interpelado por un vigilante de seguridad” denuncian.
Advierten, además, que no se sienten respaldados por las empresas contratistas del servicio que “ante cualquier incidente culparán al trabajador, ya que están instaladas en el miedo de lo políticamente correcto”.
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