De forma paralela a esta demanda, los sindicatos del sector indican que denunciarán a la cúpula del grupo por sus amenazas de despidos en los días previos a la protesta
La huelga indefinida que los vigilantes de seguridad privada han empezado este martes en Cataluña se acerca a los tribunales.
Los sindicatos convocantes, ADN Sindical y la Asociación Profesional de Seguridad y Servicios de Tarragona (APSS-T), han dado el primer paso para recurrir los servicios mínimos que dictó este lunes el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, encabezado por Chakir el Homrani (ERC).
El departamento indicó que el 75% de los empleados que se sumarán a la protesta laboral deben cumplir con sus obligaciones en sitios estratégicos.
Esta medida afecta básicamente a los trabajadores de Renfe y FGC, además de los que trabajan en proteger las instalaciones de medios públicos como RNE. Con todo, sus representantes sindicales aseguran que esta cifra es “desproporcionada” y que choca contra “el derecho a la huelga legítimo”.
Huelga en el Metro de Barcelona
Para reforzar esta tesis echan mano de la resolución que hizo la Fiscalía Superior de Cataluña el pasado 27 de marzo a raíz de la protesta de los vigilantes de seguridad del Metro de Barcelona.
En ella, se aceptó que el 95% de servicios mínimos que se habían fijado “no sólo suponen una limitación del derecho de huelga, sino --en la práctica-- supone la imposibilidad de ejercer este derecho”.
En ese caso, la Generalitat también recurrió a la necesidad de fijar un porcentaje de cobertura de los trabajos alto ante la situación de emergencia terrorista que está decretada en el país y por el número y el perfil de usuarios del suburbano, viajeros “sensibles” como personas mayores y niños.
El fiscal fue contundente en señalar que se trataba de motivos genéricos. Recordó, asimismo, que el nivel de seguridad por alerta ante un nuevo atentado “estaba vigente desde el año 2015 y no fue incrementado”.
Amenazas al personal de FGC
Por todo ello, esperan que el Gobierno catalán replantee su convocatoria.
No es el único trámite que puede acabar ante la justicia. Otro conflicto que los trabajadores mantienen abierto es contra la misiva que la cúpula de Ombuds, encabezada por la familia Cortina y el fondo estadounidense JZI, les remitió este fin de semana en que amenazaba al personal de FGC con despidos.
En ella, se acusaba a la plantilla de cometer una “falta laboral muy grave” por “desobediencia, abandono del puesto de trabajo y transgresión de la buena fe laboral” por el alud de bajas médicas que la compañía recibió a lo largo de la semana pasada.
Incluso les anunciaba que iba a interponer una “reclamación de los daños y perjuicios” ante los tribunales.
Varapalo de la Inspección de Trabajo
Con todo, esta pretensión se ha estrellado contra la Inspección de Trabajo. La intervención de urgencia solicitada por los sindicatos ha concluido con la advertencia a Ombuds que no puede iniciar este tipo de medidas de forma unilateral y les ha recordado que la única que puede determinar que una baja laboral es falsa es la mutua privada que tienen contratadas las compañías.
Por el momento, el conflicto sigue abierto en la primera jornada de huelga indefinida de los vigilantes de seguridad privada.
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