Trabajadores de seguridad de los centros penitenciarios piden la actuación urgente de la Inspección de Trabajo

Los Trabajadores de Seguridad Privada que prestan servicio en los Centros Penitenciarios de la Región de Murcia han solicitado, mediante denuncia, una actuación urgente y contundente de la Inspección de Trabajo contra la empresa COVIAR, concesionaria del servicio de Seguridad de los Centros Penitenciarios.

Desde que esta empresa fue la adjudicataria del servicio de Seguridad han sido varias las ocasiones en las que, tras presentar denuncia los trabajadores, ha sido sancionada, requerida o se le ha abierto expediente por parte de la Inspección de Trabajo sin que por ello cese en las irregularidades en materia de Salud Laboral y de horarios.

"Los trabajadores no entendemos que la Inspección de Trabajo actúe de manera tan lenta y permisiva ante graves incumplimientos en cuanto a Salud Laboral y a descansos e incluso un posible fraude en la formación denunciado hace casi un año y pendiente de contestación por parte de la Administración", han señalado.

La empresa, entre otros incumplimientos, no da a los trabajadores los descansos semanales establecidos en el convenio colectivo, llegando a fijar tan solo un día de saliente de noches en periodos de dos semanas y/o quince días. El convenio colectivo establece un descanso mínimo de día y medio ininterrumpido por semana.

Esta situación ha provocado un alto nivel de bajas laborales debido a la falta de descanso de los trabajadores, además de hacer imposible la conciliación de la vida laboral y familiar, motivo por el que los trabajadores, a través de su Representante Legal se han visto en la obligación de presentar una nueva Denuncia contra la empresa.

Del mismo modo los trabajadores solicitarán la Ministerio de Interior que no prorrogue más el contrato con esta empresa y que adjudique a una empresa que cumpla con la legislación en materia laboral y de Prevención de Riesgos, atendiendo prioritariamente a estos criterios y no al precio de licitación como hasta ahora.

"Este tipo de empresas se adjudican servicios de la administración porque abaratan los precios y después se ven en la obligación de incumplir las leyes y el convenio colectivo", han concluido.