“El director de Seguridad de un hospital no puede ser el responsable de mantenimiento”

COMISARIO JAVIER GALVÁN, JEFE DE LA BRIGADA CENTRAL DE INSPECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA UCSP E INTERLOCUTOR POLICIAL NACIONAL SANITARIO DE LA POLICÍA NACIONAL


Las agresiones a facultativos son una de las principales preocupaciones de seguridad en los hospitales y centros de salud. Hasta tal punto que la Secretaría de Estado de Seguridad creó hace algo más de dos años, a través de la Instrucción 3/2017, la figura del interlocutor policial nacional sanitario, que en el caso de la Policía Nacional encarna el comisario Javier Galván, que nos cuenta el desempeño de sus funciones en esta entrevista.

Las agresiones a facultativos son una de las principales preocupaciones de seguridad en los hospitales y centros de salud. Hasta tal punto que la Secretaría de Estado de Seguridad creó hace algo más de dos años, a través de la Instrucción 3/2017, la figura del interlocutor policial nacional sanitario, que en el caso de la Policía Nacional encarna el comisario Javier Galván. Este profesional y su equipo trabajan a diario para aplacar esta lacra dentro de la Sanidad española, pero también para abordar otros problemas importantes, como garantizar que se protege adecuadamente el material radiológico de uso médico que se almacena en algunos hospitales para evitar que caiga en malas manos o reducir en lo posible los frecuentes hurtos o robos con fuerza en estas infraestructuras.

- ¿Qué avances han conseguido desde la implantación del interlocutor policial nacional sanitario?

Llevamos un año y medio trabajando con esta figura, porque aunque la Instrucción se publicó en julio, nuestra labor empezó a finales de 2017, tras un periodo de planificación previo para la puesta en marcha de nuestra actividad.

El primer avance es que la Policía Nacional ha conseguido transmitir la necesidad de implantar el sistema de seguridad público-privado español en el ámbito sanitario. La Policía Nacional no solo debe dar una respuesta al problema de las agresiones, sino que tenemos que implantar la figura de la seguridad privada como el principal actor de protección en toda la infraestructura sanitaria.

Pero no pretendemos implantar ese modelo de seguridad solo por las agresiones, sino también porque hay otros asuntos que debe asumir la administración sanitaria, como puede ser la protección de instalaciones con material radiológico, lo que requiere un plan de protección específico validado por la Unidad Central de Seguridad Privada [en adelante UCSP], o las actividades delictivas que se llevan a cabo en las infraestructuras sanitarias, como los hurtos o los robos con fuerza.

- ¿Cómo trabaja la Policía Nacional en lo que se refiere a las competencias del interlocutor policial nacional sanitario y de los interlocutores provinciales?

Cuando se aprobó la Instrucción 3/2017, lo primero que hicimos en la UCSP fue levantar la mano, porque entendimos que la instrucción contenía medios y recursos de la seguridad privada para proteger a los profesionales sanitarios de las agresiones que sufren en el ejercicio de su profesión. 

Asumimos el papel de interlocutor policial nacional sanitario en mi cargo y después lo extendimos a los jefes de las unidades de Seguridad Privada del resto de España. En total tenemos a más de 60 personas de esas unidades trabajando en esta actividad. 

Después de planificar la labor que íbamos a llevar a cabo, lo primero fue reunirnos con el sector sanitario: con sus representantes, sus colegios profesionales, los sindicatos, la administración territorial, la administración central… Es decir, construimos una relación institucional, algo que parece fácil pero que necesita vías de entendimiento sobre las necesidades que existen, dado que se trata de dos profesiones con objetivos diferentes.

Por otro lado, hemos impartido formación a los jefes de unidades territoriales de Seguridad Privada de Policía Nacional. Para ello creamos dos cursos anuales en los que reunimos a los interlocutores policiales sanitarios en sus provincias y les damos formación específica al respecto. Para esa formación contamos con la colaboración de la División de Formación, que aporta contenidos psicopedagógicos, y con la Unidad de Secuestros y Extorsiones, para que nos den pautas a la hora de actuar y evitar agresiones.

- ¿Qué aspectos abordan en los encuentros con los responsables sanitarios?

Cuando nos desplazamos a nivel territorial nos reunimos con las autoridades gubernativas, gerentes de hospitales, representantes de la administración sanitaria y profesionales que desempeñan una función directiva en ese ámbito. En ellas hacemos una exposición acerca de la situación de las agresiones en la que no solo decimos cuántas se han producido en cada provincia, sino de qué tipo, cómo evolucionan, etc. En la Policía Nacional hacemos una labor de inteligencia con todos los datos que recibimos a través de nuestro sistema estadístico que recoge las denuncias, de manera que podemos trasladarles incluso franjas horarias, días de la semana con más incidencia delictiva…

En estos casos no solo nos remitimos a las agresiones, sino también a los hurtos o a los robos con violencia, actividades delictivas que van paralelas a las agresiones y que también trasladamos a nuestras unidades de Policía Judicial y de Seguridad Ciudadana. En el año 2018 comenzamos con una línea ascendente en estos delitos y hemos conseguido revertirla hasta el punto de que ahora hay un menor número de hurtos y robos con fuerza en centros sanitarios en el ámbito de la Policía Nacional.

- En el caso de las agresiones a personal sanitario, ¿cómo consiguen hacerse una imagen real de la situación para destinar los recursos necesarios?

Cuando comenzamos con la figura del interlocutor policial sanitario, necesitábamos tener una visión global y real de los datos para poder establecer estrategias de trabajo. Hemos mejorado nuestro sistema estadístico y ahora recogemos en un apartado específico todas las agresiones que sufren los sanitarios en el ejercicio de su profesión. Es decir, cuando un médico o una enfermera sufre una agresión en un hospital, su denuncia queda registrada en nuestro sistema de manera individualizada, con lo que podemos hacer un conteo en toda España para conocer la realidad.

Por eso incidimos en la necesidad de denunciar, porque si no lo hacen no podemos destinar recursos. Sabemos que hay acciones delictivas que los profesionales sanitarios no denuncian. La mayoría sí lo hacen, pero aún tenemos que incidir en la denuncia para poder recogerla, contabilizarla y hacer inteligencia con ella para trasladar a nuestras unidades policiales conocimiento respecto a dónde, cuándo y por qué se producen las agresiones en un determinado centro sanitario o localidad.

Por fortuna, la mayoría de las agresiones son verbales, no físicas, y suelen ser de carácter leve. Y muchas de esas agresiones son conductas incívicas no susceptibles de tipificarse como delictivas; pero eso no quiere decir que no generen inseguridad.

La Policía Nacional debe garantizar el sistema público de Salud y la seguridad de sus profesionales para que se mantenga en unos altos índices de eficacia y eficiencia.

- ¿Por qué cree que algunos profesionales de la sanidad no denuncian?

Una de las cuestiones que nos trasladan es que al denunciar temen sufrir consecuencias por parte del agresor, pero el sistema policial y procesal español consigue justo lo contrario. El denunciado que ha agredido o intentado hacerlo a un profesional sanitario se va a sentir cohibido de volver a hacerlo. En cambio, si un sanitario que ha sufrido una agresión no denuncia, lo más probable es que el agresor vuelva a hacerlo con alguien. Por eso la denuncia es importantísima para nosotros.

- Una de las medidas implementadas en los hospitales en relación con las agresiones es la aplicación Alertcops, para que el personal sanitario pueda dar la alarma en caso de necesidad. ¿Qué resultado está dando esta aplicación?

La Policía Nacional siempre ha trabajado con los sanitarios para darles protección, pero antes lo normal era que cuando había un problema en la calle o dentro del hospital se llamara a la policía y nosotros acudiéramos. Con la llegada del interlocutor policial sanitario trasladamos a nuestros mandos la necesidad de dar una solución proactiva, planificada y estratégica; es decir, no enviar únicamente recursos humanos y materiales cuando se producía una agresión.

Entonces pensamos que podíamos utilizar Alertcops, que es un proyecto liderado por la Secretaría de Estado de Seguridad, para dar protección a nuestros sanitarios; pero solo como una medida más, aunque quizás más efectiva que un botón antipánico u otras que tienen estos profesionales. Hemos puesto en marcha el traspaso de información del Ministerio de Sanidad y del Interior para que todos los sanitarios que quieran usar la aplicación tengan un apartado específico que les permita estar geoposicionados y se cree una respuesta inmediata por parte del CIMACC-091 cuando tengan una demanda en seguridad. Estamos en fase de implantación de los registros profesionales de los números de colegiados de todos los sanitarios españoles para que se registren de manera voluntaria.

La aplicación tiene una respuesta muy buena. El sanitario que quiera utilizar Alertcops tiene que pulsar en la pantalla de su móvil y la aplicación inicia una locución de la conversación que se está produciendo, que se envía al CIMACC-091 de esa zona. El operador policial, que está formado para estas cuestiones, escucha lo que sucede sin que nadie tenga que ponerse en contacto con él y decide si es necesario enviar una respuesta policial en función de lo que oiga.

- En lo que se refiere a la labor del interlocutor policial sanitario, ¿hasta qué punto hay diferencia entre aquellos hospitales que tienen director de Seguridad y los que no?

Desde que tomamos las riendas de esta actividad, uno de nuestros objetivos principales es que se instaure la figura del director de Seguridad en todo el ámbito sanitario, para lo cual pueden contar con la colaboración y asesoramiento de la Policía Nacional. Resulta obvio decir que donde hay un director de Seguridad hay organización, colaboración y cooperación con las FCSE; hay eficacia en seguridad. 

Hemos conseguido implicar a las administraciones y cada vez son más las consejerías de Sanidad y los centros sanitarios que consideran que deben tener un director de Seguridad. El último ha sido el Hospital de la Princesa de Madrid, que ha creado el departamento y la figura del director de Seguridad.

- El Ministerio del Interior parece decidido a implantar departamentos de Seguridad en todos los hospitales con un director de Seguridad al frente. ¿Cómo están trabajando en este sentido con las comunidades autónomas y cuál es el estado de la situación en este momento?

Actualmente, la figura del director de Seguridad está más normalizada en los centros privados, como por ejemplo el Hospital Povisa, en Vigo, o los que pertenecen a Ribera Salud. En cambio, consideramos que también debe haber un director de Seguridad en el ámbito público, acorde con los requisitos que prevé la Ley de Seguridad Privada. Para ello contamos con numerosos profesionales que tienen los estudios y competencias necesarios para ser director de Seguridad y hacer un buen trabajo en este ámbito.

La figura del director de Seguridad es clave, porque la policía no debe hacer el trabajo que corresponde a otros profesionales, sino que complementa o actúa cuando debe. De ahí que el director de Seguridad de un hospital no pueda ser el responsable de mantenimiento, tiene que reunir los requisitos de la Ley de Seguridad Privada. 

- ¿Por qué cuesta tanto la implantación de un departamento de Seguridad en los hospitales, cuando está claro que hace falta establecer medidas para proteger al personal de incidencias como las agresiones?

Cuando decimos que el director de Seguridad es la figura clave para satisfacer las demandas en seguridad del sector sanitario, no decimos que tenga que haber uno específico en cada centro, porque no es lo mismo un hospital con millones de asistencias que otro donde la conflictividad sea menor. Ahora bien, si hay centros que no necesitan tener un director de Seguridad directamente, como mínimo la administración sanitaria autonómica debería contar con uno a nivel autonómico, de gerencia territorial o parcelarlo en sectores, como ha hecho la Comunidad de Madrid.

- Una de las cuestiones que ha mencionado es la necesidad de aplicar en los hospitales la normativa sobre riesgo radiológico. ¿Cómo están trabajando con esta cuestión con los departamentos de Seguridad?

La Instrucción IS-41 del Consejo de Seguridad Nuclear indica que, entre otras, hay instalaciones de investigación sanitaria y depósitos de residuos que tienen material radioactivo utilizado por determinados profesionales. La instrucción señala que ese material puede ser objeto de sustracción por parte del crimen organizado o utilizado por células terroristas, y por tanto es lógico que deba estar protegido. Esa protección, con independencia de la labor de las FCSE, implica que cada centro tenga unas medidas de seguridad.

Ahora estamos en fase de que los centros sanitarios afectados por la norma lleven a cabo un plan de seguridad de la instalación, para asegurarnos de que ese material radiológico está protegido, y después tiene que validarlo la UCSP. En este momento estamos revisando qué falta por incluir o subsanar en esos planes.

- ¿De qué manera colaboran con el personal de los hospitales y con los propios directores de Seguridad?

Como consecuencia de la creación del interlocutor policial sanitario, hemos tenido en toda España 1.377 reuniones con representantes de la Administración, colegios, gerentes, directores médicos, etc., ofreciéndoles los servicios de Policía Nacional y captando cuáles son sus demandas en relación con la seguridad. Además hemos llevado a cabo 79 jornadas en sus centros de trabajo, para las cuales el equipo nacional ha creado unos contenidos específicos para prevenir agresiones, que estamos trasladando en todos los centros en toda España. Respecto a esto último me gustaría decir que en el equipo del interlocutor policial sanitario contamos con profesionales con conocimientos en muchas disciplinas, como puede ser la psicología o derecho, que aportan sus conocimientos a la formación que impartimos.

Por otro lado, durante el primer cuatrimestre de 2019 hemos concertado 584 reuniones institucionales y 84 jornadas en los centros de trabajo.

Todo ello ha repercutido en que los sanitarios sean conscientes de que necesitan seguridad. Les hemos formado para que adquieran pautas verbales y de actuación para rebajar la agresividad del agresor y hemos fomentado el valor de la denuncia. Eso ha supuesto que aumenten las denuncias y se haya exteriorizado el problema, de manera que permita aplicar políticas de seguridad acordes a la situación.

Los canales con los directores de Seguridad son permanentes y constantes, tienen los mismos procedimientos y canales de interlocución con nosotros que el resto sectores. Estamos trabajando bastante con ellos y la relación es excelente.

- En alguna ocasión se ha abierto el debate acerca de la conveniencia de que los hospitales compartan directamente con las FCSE las imágenes de las cámaras de videovigilancia, es decir, sin necesidad de hacer una solicitud previa como actualmente. ¿Cuál es su postura al respecto? 

No es una petición nuestra. Ahora mismo, compartir imágenes de agresores cuando llegan a las urgencias no es una solución. Hay otro tipo de soluciones que estamos estudiando con los directores de Seguridad y otras consejerías para estar prevenidos cuando sabemos que un agresor va a un centro sanitario.

Respecto a la pregunta, nosotros nos basamos siempre en la regulación de protección de datos y todo lo que hagamos lo ajustaremos a las normas; pero no es una solución compartir imágenes.

Además, el cien por cien de las agresiones en el ámbito sanitario bajo competencia de la Policía Nacional están esclarecidas. Eso quiere decir que la persona que ha agredido a un sanitario ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial.

- ¿Qué ingredientes son necesarios hoy en día para crear una verdadera cultura de seguridad en los hospitales y centros sanitarios?

Los principales son visualización, atomización y exteriorización de que la Policía Nacional está trabajando en la seguridad de estos centros. No solo porque es una obligación, sino también porque nos preocupamos de garantizar el sistema nacional de salud para que los profesionales de la sanidad puedan dar el cien por cien a los pacientes y no se sientan inseguros. Queremos generar una cultura de seguridad y creo que estamos en el buen camino.