La DGA licita un contrato de 35 millones de euros para seguridad privada hasta 2024

Las empresas piden que el nuevo reglamento del sector otorgue a sus vigilantes la condición de autoridad para poder castigar de forma más severa las "agresiones gratuitas" que sufren.

El secretario general de Presidencia, José Luis Pinedo, aprovechó su intervención en el acto institucional por el Día de la Seguridad Privada celebrado este jueves para anunciar que la DGA ha licitado recientemente los servicios de seguridad privada para los próximos cuatro años por 35 millones de euros.

En este acuerdo marco de homologación, publicado el pasado 4 de diciembre, se engloban todos los servicios que la DGA tiene contratados con las distintas empresas de seguridad privada en Aragón, y que abarcan desde la seguridad de edificios públicos y sedes pasando por empresas públicas y organismos autónomos hasta los centros hospitalarios o dependencias judiciales.

Pinedo explicó que para la elaboración del nuevo contrato han contado con las aportaciones de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional y de representantes del sector de la seguridad privada, una afirmación de la «colaboración entre lo público y lo privado» que se muestra día a día en la vigilancia de los edificios del Gobierno de Aragón.

El secretario general técnico recordó que la DGA es el «mayor consumidor» de servicios de seguridad privada y aclaró que con el número de agentes que tiene la unidad de Policía adscrita sería «imposible» cubrir la seguridad de todos ellos, puesto que a diario reciben miles de personas (2.000 el Pignatelli o 5.000 la Ciudad de la Justicia) o los 250.000 visitantes de la Aljafería.

Por su parte, Javier Villalba, que puso voz a las empresas del sector, manifestó que es una industria en alza a la que aguardan cambios inmediatos derivados de la evolución de la sociedad. «Tendrá que lidiar con los cambios demográficos y el envejecimiento de la mano de obra; con la desaparición de tareas y el surgimiento de otras nuevas y el uso de las nuevas tecnologías», advirtió. Expuso que el sector debe ejercer una labor «complementaria» con la seguridad pública.

Por esa razón pidió al nuevo gobierno que avance en la elaboración del nuevo reglamento que recoja, entre otras cuestiones, la figura de «agente de autoridad» para que las agresiones que sufren no queden «impunes». Reclamó medidas que eviten el intrusismo y una normativa que apueste por el acceso laboral a través de la formación profesional.

Galardones y reconocimientos

Durante el acto se entregaron distinciones a 65 vigilantes de seguridad que este año han destacado por su meritorio servicio. Además, se impuso la insignia de oro al inspector de Policía, Esteban Zorrilla, y las de plata al general jefe de la Guardia Civil en Aragón, Carlos Crespo, y al jefe superior de Policía, Juan Carlos Hernández. Por su parte, el subdelegado del Gobierno de Zaragoza, José Abadía, informó de que la seguridad privada emplea a 2.500 personas en la capital.

Mientras, en el exterior de la sede de Hacienda donde se celebró el acto, se concentraron varias decenas de trabajadores convocados por UGT para exigir mayor protección jurídica y personal para los vigilantes. Dentro de la campaña ‘A mí quién me protege’, UGT exige soluciones para evitar agresiones.