El viajero se negó a apearse del tren cuando había finalizado el trayecto. Este agredió al vigilante de seguridad y a dos ertzainas y fue detenido.
Un vigilante de seguridad y dos ertzainas fueron atendidos en un centro sanitario tras ser agredidos de forma violenta por un pasajero que se negaba a bajarse del tren al llegar al final de trayecto en la estación de Adif de Lezo-Errenteria, ha informado este lunes el Departamento de Seguridad. El agresor, que fue detenido por un delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones, continúa en dependencias policiales desde donde se espera que pase a disposición judicial, han explicado las fuentes.
UGT y CCOO han asegurado que el agresor arrancó al vigilante un trozo de oreja de un mordisco, según han señalado este lunes los sindicatos en sendos comunicados.
Los hechos tuvieron lugar sobre las 15.15 horas del domingo cuando el pasajero se negó a apearse del tren con la pretensión de que el maquinista le llevara hasta Irun cuando el trayecto finalizaba en Lezo-Errenteria, según ha explicado CC.OO. Ante la negativa, los vigilantes, que trabajan para la empresa Prosetecnisa que presta el servicio de seguridad en las estaciones de Adif en Gipuzkoa, solicitaron la presencia de la Ertzaintza que se personó en el lugar.
El pasajero agredió al vigilante de seguridad y a dos ertzainas que tuvieron que ser atendidos por los servicios de urgencia de un centro hospitalario. UGT ha mostrado su solidaridad con los agentes y el vigilante y ha pedido que el ataque a este último sea considerado también como "agresión a agente de la autoridad", según establece la Ley de Seguridad Privada.
Este sindicato ha reclamado medios de autoprotección para los vigilantes tanto a las empresas como al Gobierno que, ha indicado, hacen oídos sordos "a las constantes agresiones sufridas por el personas del seguridad privada en el desempeño de sus funciones".
Recuerda que desde principios de este año UGT ha mantenido, dentro de la iniciativa 'A mí quién me protege', reuniones con responsables políticos y empresas para exigir medios de autoprotección para los vigilantes así como la necesidad de abordar desde el reglamento de seguridad privada, actualmente en trámite, una mayor protección jurídica y la recuperación del carácter de «agente de la autoridad»
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