viernes, 29 de noviembre de 2019

A un peregrino que atizó con su palo a un vigilante de la Catedral le sale cara la agresión: pagará 6.710 euros

A un peregrino que se empeñó en entrar en la Catedral de Santiago con su mochila al hombro desoyendo las indicaciones del vigilante de seguridad le ha salido cara su tozudez.

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El caminante llegó a agredir a uno de los trabajadores, al que atizó con el palo con el que se había ayudado durante la ruta, y ahora tendrá que indemnizarle con 5.002 euros, además de abonar una multa de 1.708. En total, 6.710 euros.
Los hechos ocurrieron el 2 de julio del 2015. Eran las 11.45 horas y el peregrino hizo caso omiso de la advertencia del vigilante y entró en la Catedral con su mochila negándose a dejarla en el exterior o en las consignas.

Ante el desafío del peregrino, el guardia privado pidió ayuda a un compañero y, entre los dos, cogiéndole cada uno por un brazo, le sacaron de la basílica pese a que el acusado se resistió en un principio. Ya fuera, agarró el palo que había dejado apoyado en un muro del templo y asestó un golpe al empleado de la Catedral que impactó en su brazo derecho.  Le provocó lesiones en el hombro, la muñeca y el antebrazo que hicieron que el trabajador estuviese 74 días de baja.
Un año de retraso
El caso tardó un año de más en poder llegar a juicio porque un testigo no compareció en la fecha en la que fue señalado en un principio, por lo que en la primera sentencia al acusado se le aplicó la atenuante de dilaciones indebidas. Finalmente, el 3 de octubre del 2018, el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago condenó al peregrino por un delito de lesiones.

El peregrino presentó entonces recurso ante la sección compostelana de la Audiencia Provincial, que ha ratificado la condena rechazando los argumentos de la defensa, que puso sobre la mesa que no había grabaciones de las cámaras de seguridad de la Catedral porque se habían destruido, algo que el tribunal no considera relevante dado que el testimonio de los testigos fue concluyente y que el propio acusado admitió el forcejeo inicial que se produjo en el interior de la basílica.

También negó la defensa el palazo, algo que la Audiencia estima probado no ya solo porque el testimonio de la víctima, de su compañero y de otros testigos fue idéntico, sino porque el informe forense dejó claro que las lesiones del vigilante coincidían con las del golpe descrito.

El paciente detenido en Son Espases agredió a un vigilante de seguridad en la cara utilizando una cuchilla

El paciente detenido en Son Espases agredió a un vigilante de seguridad en la cara utilizando una cuchilla

El paciente detenido este martes en la unidad de urgencias del Hospital Son Espases de Palma, un hombre de 49 años, agredió a uno de los vigilantes de seguridad del centro en la cara, utilizando una cuchilla que saco de su ropa.


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El paciente detenido en Son Espases agredió a un vigilante de seguridad en la cara utilizando una cuchilla

Según ha informado este jueves la policía nacional en un comunicado, el hombre acudió al servicio de urgencias del hospital a las 02.00 horas del martes, donde se le comunicó que debía permanecer ingresado en el centro. 

En ese momento, el detenido comenzó a realizar aspavientos con los brazos y se puso violento, por lo que los servicios de seguridad del centro lo tuvieron que colocar en una camilla de contención.

El paciente detenido en Son Espases agredió a un vigilante de seguridad en la cara utilizando una cuchilla

Sin embargo, el hombre consiguió zafarse de las contenciones de sus brazos y agredió al vigilante de seguridad en la cara, usando una cuchilla que sacó de su ropa. 

Tras varios minutos de tensión, los allí presentes consiguieron mantener al hombre en la camilla de contención hasta que llegaron los agentes de la Policía Nacional y procedieron a su detención.


viernes, 22 de noviembre de 2019

Rompen la nariz y el pómulo de un vigilante de Metro al intentar que un hombre no se colara

Cinco vigilantes de Metro resultaron heridos el pasado fin de semana a consecuencia de dos altercados ocurridos en diferentes puntos del suburbano, según ha denunciado la Asociación Marea Negra por la Seguridad Privada.



El primero tuvo lugar el sábado hacia las 6 de la mañana cuando un grupo de cuatro individuos, dos de ellos menores, trataron de entrar en la estación de Casa del Reloj (Metro Sur) sin validar el tique correspondiente. El enfrentamiento se saldó con cuatro empleados golpeados, «uno con siete puntos de sutura en la cabeza, otro con una costilla fracturada y los demás con golpes y contusiones», tras lo cual dos de los agresores fueron detenidos.
A este incidente, se suma un segundo acaeido entre la medianoche del sábado y la una de la mañana del domingo, en el que otro vigilante sufrió la rotura del tabique nasal y un pómulo al tratar de impedir que un hombre se colara en la parada de Alto de Extremadura (Línea 6). Un portavoz de la asociación Marea Negra preció a Efe que en ambos casos los empleados de Metro han presentado denuncia.
Desde el suburbano lamentan lo ocurrido y destacan que este tipo de agresiones son minoritarias teniendo en cuenta el volumen de viajeros y de vigilantes que circulan dada día por su red. Dado que estos vigilantes trabajan para empresas ajenas a Metro, al estar este servicio externalizado, las denuncias las presentan los trabajadores afectados a título individual, aunque Metro pone a disposición de la Policía las imágenes grabadas para la investigación del suceso.
Además, Metro de Madrid cuenta con un agente de la Policía Nacional que está presente las 24 horas en el Centro de Mando de la compañía ubicado en Alto del Arenal, desde donde se controla toda la red de metro, desde los aspectos técnicos a los de seguridad. En el momento en que se detecta una agresión, desde el Centro de Mando se ponen en contacto con Policía Nacional para que envíe una patrulla al lugar de los hechos, explican desde Metro.
La Asociación Marea Negra de la Seguridad Privada, que se reunirá con Metro el próximo día 29, pedirá a la compañía que les apoye ante las empresas contratantes del servicio en su petición de mejorar los equipos de protección individual (EPI) que estas empresas entregan a sus vigilantes. Estos equipos incluyen esposas y la porra, pero no chalecos antipinchazo para todos, ya que les suelen suministrar Jc un chaleco para cada cinco vigilantes», salvo que haya una petición expresa del cliente, en este caso Metro de Madrid, para que mejoren esta dotación

Nuevo ataque a un vigilante en Sant Vicenç de Calders en menos de 24 horas

Otro vigilante de seguridad de Renfe ha sufrido heridas al ser agredido por una mujer también en la estación de Sant Vicenç de Calders.





El ataque se ha producido en menos de 24 horas después de otra agresión contra vigilantes en la misma estación.

La investigación intenta determinar si se trata de la misma agresora en los tres casos. Sin embargo, mientras el miércoles la Policía Local detuvo a una mujer acusada de un presunto delito de  amenazas y también fue denunciada por daños ya que arremetió contra el bar de la estación, en el ataque del jueves, la agresora huyó.

Sobre las diez de la noche del jueves una mujer agredió al personal de vigilancia en la estación de Sant Vicenç. Un vigilante indicó a una mujer que saliese de la estación ya que presentaba un estado de alteración.

Patada
Ya fuera del edificio la mujer   desafió al vigilante y salió corriendo.
El vigilante al regresar a la estación tropezó y cayó quedando en el suelo dolorido.
En ese momento, según se ha denunciado, la mujer se acercó y le dio una parada en le pierna dañada.


El vigilante herido.

Hasta la estación tuvieron que acudir sanitarios del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Fuentes de los vigilantes hablan de fractura de fémur. Según se ha podido saber en la tarde de este viernes el vigilante iba a ser operado por fractura de fémur.
Ahora se investiga si la atacante es la misma mujer.
Quejas
El nuevo ataque contra vigilantes de la estación de Renfe ha vuelto a generar las quejas de los vigilantes. Denuncian la poca efectiva equipación para protegerse de agresiones, como serían los chalecos anticortes o guantes. 
Pero sobre todo la principal reivindicación del sector es que los vigilantes de seguridad sean considerados como agentes de la autoridad.
De hecho el Catalunya los miembros de seguridad privada de instalaciones como estaciones, trenes, metro y otros servicios tienen esa consideración de agentes de la autoridad. «Pero en la práctica no lo es ni se imponen penas a los agresores, por lo que agredir a un vigilante sale gratis», lamentan.
El objetivo es que agredir a un vigilante tenga el mismo castigo que hacerlo a un agente de un cuerpo policial, que  están reconocidos efectivamente como agentes de la autoridad.
Miles de personas
El nuevo ataque con pocas horas de diferencia ha indignado a los sindicatos de las empresas de vigilancias de seguridad. Así, anuncian movilizaciones para lograr sus demandas ante las empresas, pero también una protección efectiva por parte de las administraciones.
«Somos los responsables de la seguridad de miles de personas cada día y en cambio nos dejan vendidos a cualquier ataque», lamentan. «Agredir a un vigilante sale gratis y muchos se atreven. Vamos a tener que lamentar alguna desgracia».
En la estación de Sant Vicenç de Calders los vigilantes de seguridad han sufrido reiteradas agresiones en los últimos años, algunas con arma blanca.

Trabajo perseguirá el acoso por el móvil como un riesgo laboral en las empresas

La Inspección de Trabajo recibió el año pasado 142 denuncias por acoso en el trabajo, pero los inspectores piensan que el problema es mucho mayor



La difusión en las empresas o en el entorno de trabajo de vídeos, audios, fotografías y cualquier tipo de dato de carácter personal y sensible será perseguido por el Ministerio de Trabajo como una infracción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El departamento dirigido por Magdalena Valerio ha firmado con la  Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) un protocolo que hará público en breve con el que se pretende poner coto a las "nuevas amenazas para la mujer víctima de violencia", unas amenazas que en este caso derivan del uso intensivo de dispositivos móviles, internet, redes sociales y servicios como mensajería instantánea o geolocalización.
El próximo 25 de noviembre se conmemora el Día contra la Violencia de Género y el Gobierno en funciones pretende demostrar que está en activo. La extensión del acoso laboral a través de medios digitales es una realidad no cuantificada por las administraciones.
La Inspección de Trabajo recibió el año pasado 142 denuncias por acoso en el trabajo, pero los inspectores piensan que el problema es mucho mayor. El caso más extremo sucedió hace tan sólo unos meses cuando una trabajadora de la planta del fabricante de vehículos industriales Ivecoacabó con su vida después de que sus compañeros de trabajo difundieran masivamente un vídeo suyo de carácter sexual. CCOO (el sindicato al que la mujer estaba afiliada) denunció los hechos ante la Inspección de Trabajo por no tomar medidas preventivas al conocer el caso.
Ahora el Ministerio de Trabajo, como parte de un acuerdo más amplio firmado por la AEPD con otros ministerios, se ha comprometido a trasladar a las empresas y sus trabajadores, a través de los agentes sociales, las consecuencias administrativas, laborales, civiles y penales de este tipo de comportamientos. Los marcos normativos que servirán de referencia para perseguir el ciberacoso son los de prevención de riesgos laborales y los de la obligación de incluir protocolos contra el acoso dentro de los planes de igualdad en el entorno laboral.
En el primero de los casos, el Gobierno subraya que los trabajadores tienen derecho a una protección de materia de seguridad y salud en el trabajo y que las empresas deben garantizarla, por lo que la difusión de datos personales en un entorno laboral "podría constituir una infracción de la ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales".

460 ACTUACIONES POR ACOSO

La Inspección de Trabajo llevó a cabo 460 actuaciones por acoso sexual en empresas en 2017, último año del que hay un registro completo oficial. De ellas, cinco acabaron en infracciones, según UGT. Cristina Antoñanzas, vicesecretaria de este sindicato, demanda una normativa integral para acabar con la violencia de género, así como procedimientos eficaces, transparentes y confidenciales de gestión de denuncias y sanciones duras contra los agresores.
Las sanciones que establece la ley por infracciones muy graves serían de 6.251 euros en su grado mínimo y de hasta 187.515 euros en el máximo, asegura Luis Tobajas, vicepresidente del sindicato SITSS de inspectores de Trabajo. Tobajas explica que el grado máximo incluiría todo tipo de agravantes.
En cualquier caso, los empresarios estiman que el espíritu de la iniciativa consiste más en trasladar la preocupación social por atajar las conductas que en iniciar un plan de corte agresivo. "La prevención contra el acoso ya estaba incluida en la obligación de las empresas a tener protocolos contra la violencia. Lo que ahora se quiere es incluir en estos protocolos el ciberacoso", explica Rosa Santos, responsable de asuntos laborales de CEOE.
En el segundo, el Gobierno actuaría a través de la exigencia de implantación de protocolos específicos contra el acoso en las empresas que deberían ser puestos en marcha en una serie de plazos de hasta tres años en función del tamaño de las plantillas.

Agredidos cinco vigilantes de Metro de Madrid por impedir que varios jóvenes se colaran

Varios vigilantes de seguridad privada han sido agredidos en dos estaciones de Metro de Madrid  por jóvenes que trataban de colarse por el método del salto, han informado miembros de este colectivo laboral.



La primera de las agresiones se produjo sobre las seis de la mañana del pasado sábado en la estación Casa del Reloj de la línea Metrosur. Al parecer, un nutrido grupo de jóvenes que procedía de la Cubierta de Leganés trató de colarse en el suburbano, tratando de impedirlo cuatro vigilantes.

Dos hospitalizados

Los empleados de seguridad recibieron todo tipo de golpes. Dos de ellos se encuentran hospitalizados. Uno recibió un fuerte golpe en la cabeza que le produjo una herida, por la que ha recibido siete puntos de sutura. Otro de los ingresados sufrió una fractura de costillas. Los otros dos vigilantes atacados presentan hematomas y contusiones por todo el cuerpo.
Otra de las agresiones se produjo el sábado a las siete de la tarde en la estación Alto de Extremadura, de la línea 6 del Metro. En esta ocasión, el resultado del ataque fue un tabique roto y contusión en un pómulo.
Desde la Asociación Marea Negra por la Seguridad Privada han explicado que los afectados han denunciado los hechos a título particular ante la comisaría de la Policía Nacional.
Fuentes de Metro de Madrid han señalado que lamentan lo sucedido y han indicado que se trata de hechos "afortunadamente puntuales".
La asociación y Metro de Madrid se reunirán el próximo 29 de noviembre. En el encuentro, Marea Negra solicitará que se incrementen las medidas de seguridad en el suburbano ante el incremento de la inseguridad. Entre las peticiones, figura que se dote de un chaleco antipunzón individual y que los vigilantes vayan en binomio como ocurre con los policías o la Guardia Civil.

miércoles, 20 de noviembre de 2019

Alarma entre los vigilantes de seguridad del Metro

El colectivo reclama una mejora de las condiciones ante el aumento de las agresiones

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Los vigilantes de seguridad del Metro se sienten cada vez más desprotegidos ante el aumento de las agresiones. Las dos últimas se han producido en menos de dos días, una el pasado domingo en cuando un pasajero del Tram no quería pagar y acabó agrediendo al agente de seguridad y a su perro. La última se ha producido hoy cerca de las 7 de la mañana cuando un agente de seguridad y un trabajador de TMB lo han parado en un control de válidez del billetes. El hombre se ha negado a mostrarlo y ha intentado huír en un comboy. El vigilante y los interventores lo han intentado retener y el individuo ha sacado una cuchillo y se lo ha clavado en la pierna al agente de seguridad. El personal del metro ha avisado al centro de control y mientras no han llegado los Mossos el presunto agresor se ha mostrado desafiante con los vigilantes. La policia lo ha detenido por amenaza y lesiones.
Des del Sindicato Profesional de Seguridad Privada reclaman mejores condiciones ante el aumento de las agresiones hacía agentes de seguridad de los últimos años. Des del colectivo reclaman la revisión de la ley de seguridad privada, en la cual piden que se actualicen las medidas de protección y de autoprotección de los vigilantes. Nacho Arroyo, secretario del Sindicato, ha denunciado que “los agentes trabajan con precariedad y que se sienten abandonados”.
Arroyo ha explicado que durante la crisis se redujo la plantilla, y aunque se han ido haciendo incorporaciones no se ha aumentado con proporción ante el aumento de las líneas de transporte. Des del colectivo reclaman que los agentes de seguridad trabajen en pareja, para garantizar su seguridad. Además también exigen que se les reconozca el carácter agente de autoridad, dado que ahora mismo los vigilantes, según marca la ley son ayudantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero judicialmente son simples ciudadanos

Vigilantes de la Intermodal denuncian agresiones a la salida de sus turnos

Los vigilantes de la Estación Intermodal (estación de autobuses) denuncian ser víctima de agresiones a la salida de sus turnos de trabajo.

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Desde hace unos días, Jaume Mateu, director general de Movilidad y Transports del Govern balear, prohibió a los vigilantes de la estación que estacionaran sus vehículos dentro del recinto. Desde ese día, los trabajadores de seguridad aparcan sus coches en la calle. Este hecho ha generado agresiones físicas, verbales y daños materiales.
«Estamos trabajando en un punto caliente de la ciudad. Nuestra misión es combatir a diario con carteristas, bandas latinas, traficantes de droga y un amplio elenco de delincuentes. De hecho, hasta la Policía Nacional ha tenido que montar un dispositivo especial para tratar de frenar la delincuencia. Cuando los vigilantes, algunos en horas intempestivas finalizan los turnos, abandonan el recinto solos para ir a recoger sus coches. Los profesionales deben cruzar el parque o las calles adyacentes donde les aguardan las pandillas de jóvenes y delincuentes», añade Sebastià Oliver del sindicato Espartanos.
Los responsables de la seguridad de la Intermodal han denunciado que deben aguantar insultos, lanzamiento de piedras e incluso a uno de ellos le han ocasionado abolladuras en la carrocería de su turismo.
«Lo que no es normal es que uno de nuestros sindicatos le pida cita al director general para tratar esta problemática y explicarle la situación y no digan que no puede recibirnos porque tiene la agenda llena. Es más, nos quieren dar cita para el año que viene», concluyen. Por su parte, fuentes oficiales de la conselleria han explicado que no existía ninguna autorización escrita que permitiera a los vigilantes estacionar dentro de la Intermodal y que, por consiguiente, el director general no ha prohibido nada.
«No obstante, si se trata de un problema de seguridad grave como el que están denunciando los trabajadores, en los próximos días se mantendrá una reunión urgente con los afectados con la finalidad de encontrar una solución al problema», explican fuentes del Govern.

lunes, 18 de noviembre de 2019

La Generalitat estudia sustituir mossos por vigilantes privados en las cárceles

Un Plan Estratégico de Ejecución Penal de Adultos elaborado por el Departament de Justícia de la Generalitat prevé un recorte sensible de la presencia de la policía catalana en las cárceles contratando vigilantes privados.

Un mosso d’Esquadra en una garita de la cárcel modelo de Barcelona, el 8 de junio de 2017, último día de su presencia en esa prisión.

 En materia de "seguridad perimetral", el plan prevé "reducir el personal de Mossos d’Esquadra y sustituirlo por un modelo de seguridad privada, como auxiliar del cuerpo de policía de Catalunya", todo ello después de definir "un servicio mixto de colaboración público-privada contractual".
La propuesta de la privatización de las vigilancias exteriores y accesos de las cárceles, que también se aplica en las cárceles gestionadas por el Ministerio del Interior, se acompaña de una valoración sobre "si con las nuevas tecnologías vinculadas a la seguridad periférica se pueden reducir costos sin perder efectividad, y considerar las ventajas para la seguridad pública que puede suponer destinar más efectivos policiales a la seguridad ciudadana".
El plan prevé que Justícia solicite a Interior "una comparativa entre los costes del servicio por parte del cuerpo de Mossos y diversas empresas privadas". También "valorar externalidad de programas y servicios", o "investigar colaboración público-privada en programas, actividades e intervenciones de los que no son nucleares, que una contratación público privada pueda ofrecer un servicio más eficiente y sostenible".
Portada del Plan del Departament de Justícia y cuadro relativo a la sustitución de los Mossos. 
Pese a que estas intenciones figuran literalmente en el plan, portavoces del Departament de Justícia aseguran a EL PERIÓDICO, que no se van implementar. Lo presentan como un documento de reflexión: "Recoger información y estudiar no quiere decir hacer", dicen, y añaden que "la sustitución de los mossos no está prevista" sino solo como elemento de reflexión en el departamento.

Funcionarios contra contratas

Contra esta medida se manifiesta el coordinador del sindicato penitenciario ACAIP en Catalunya, Francesc López, que ha informado a los grupos políticos en el Parlament de esta previsión. "Nos parece inaceptable que se piense en prescindir de la necesaria objetividad del funcionario público por una contrata –protesta-. Un funcionario público se debe solo a las normas y las leyes, sin más influencia, y la empresa privada tiene otros objetivos que no son el servicio público".
El dirigente de ACAIP se opone a la sustitución de policías catalanes por guardas jurados: "La seguridad perimetral de una prisión tiene que estar en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mossos en este caso. No se puede dejar la seguridad de un recinto penitenciario en manos privadas".
Coinciden en la Federación de Profesionales de la Seguridad Pública, el sindicato FEPOL, mayoritario en las policías catalanas, cuyo portavoz, el mosso Toni Castejón, se coloca "frontalmente en contra de esa idea –opina-. Eso es privatizar la seguridad. Nunca debe dejar de ser un policía el que vigile los accesos y perímetro de una cárcel".

Contratos millonarios

En las prisiones que dependen del Ministerio del Interior (todas las españolas menos las catalanas), hay vigilantes privados que trabajan en los controles de acceso y algunas áreas de seguridad perimetral.
El montante de la contrata es de 60 millones de euros por año. Cinco empresas se reparten por áreas 59 prisiones del Estado. Ombuds está en todas las de Madrid y Castilla-La Mancha; Eulen vigila las puertas de las cárceles de Canarias y Ceuta; Coviar, las de Aragón, Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana; Prosetecnisa, todas las andaluzas; y una UTE liderada por Segurisa vigila en Galicia, Asturias, Castilla y León y La Rioja. Solo las cárceles de Euskadi y Navarra tienen vigilancia total de la Guardia Civil, sin seguridad privada.
La privatización del servicio de vigilancia de puertas, perímetro y accesos en las cárceles se aprobó en el 2013, después de que el Gobierno Rajoy obtuviera para ese proyecto el apoyo de CiU en el Congreso.

El PSOE se conjuró entonces contra esa privatización, y presentó una proposición no de ley para que no se renovara lo que técnicamente se llama "servicio de apoyo por empresas privadas a la seguridad de los centros penitenciarios", pero, como ha denunciado la Asociación Unificada de Guardias Civiles, el 31 de mayo el gobierno Sánchez prorrogó las contratas el último día del acuerdo y hasta el 31 de diciembre. La intención de Instituciones Penitenciarias, expresada por su secretario general, Ángel Luis Ortiz, es ir rescindiendo adjudicaciones, y reponiendo a la Guardia Civil.