Quienes hayan cotizado más de 36 años y 9 meses podrán retirarse con 65 años y con el 100% de la pensión pública.
A partir del próximo 1 de enero de 2019, la edad legal de jubilación para cobrar el 100% de la pensión pública aumenta hasta los 65 años y ocho meses, dos meses más tarde que en 2018.
Esta regla se aplicará a quienes hayan cotizado menos de 36 años y 9 meses. Los trabajadores que estén por encima de este cómputo podrán jubilarse con 65 años.
Desde 2013, año en el que entró en vigor la reforma, hasta 2027, cuando alcanzará los 67 años, la edad de jubilación se va retrasando a razón de un mes por año que pasa, de 2013 a 2018, y de dos meses desde 2018 a 2027.
Así, la edad legal en 2013 era de 65 años y un mes; en 2014, de 65 años y dos meses; en 2015, de 65 años y tres meses ... hasta 2018, cuando es de 65 años y medio. En 2021 se alcanzarán los 66 años. Seis ejercicios después, en 2027 y a razón de un retraso de dos meses cada año, se alcanzarán los 67.
En paralelo, desde 2013 comenzó a aumentar gradualmente de 15 a 25 años el periodo de cómputo para calcular la pensión con lo que en 2019 se hará con los últimos 22 años cotizados, frente a los 21 de 2018. De este periodo, al menos dos años deberán estar incluidos en los 15 últimos ejercicios inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación den cotizante.
El denominado factor de sostenibilidad previsto para 2019 se ha retrasado, en principio, hasta 2023, según el acuerdo que alcanzaron el Gobierno anterior y el PNV.
Sin embargo, la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo ya ha avanzado que nunca entrará en virgor.
Esta variable reduce la pensión pública al ajustar su cuantía a la esperanza de vida. Dado que cada vez vivimos más tiempo, se presume que los jubilados percibirán la pensión durante un periodo más prolongado, lo que obliga a reducir la cuantía mensual para equiparar la pensión total de distintas generaciones, que van a jubilarse con esperanzas de vida diferentes.
¿De qué nivel estamos hablando? Para los primeros años, el impacto es limitado. Según algunas previsiones, como la de Analistas Financieros Internacionales (AFI), en 2019 se hubiera aplicado una reducción del 0,57%.
Las proyecciones a más largo plazo sí arrojan un resultado más evidente. La reducción que podría suponer este factor en el año 2040 ronda el 12%, impacto que se vería incrementado hasta el 20% en el año 2060, según recoge BBVA Mi jubilación.
Este retraso, positivo para los futuros jubilados, ha perjudicado a muchos prejubilados que, ante una inminente aplicación para 2019 optaron por prejubilarse en 2018, con la intención de evitar cualquier efecto nocivo a largo o medio plazo sobre su pensión.
Hay excepciones en las que se permite rebajar la edad de retiro o establecer una jubilación anticipada sin que en ningún caso se rebaje a menos de 52 años, y también hay casos en los que se puede optar por una jubilación más tardía de los 67 años, trabajando plenamente o compatibilizando la vida laboral y la pensión.
Las previsiones apuntan a que el número de pensionistas aumente en los próximos años en más de 6 millones de personas. Esto supone que si en 2013 el gasto en pensiones sumaba un 11,8% del PIB, para 2050 será del 12,3% y, desde ahí a 2060, será cuando descienda según las estimaciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario