Los sindicatos defienden tanto la subida salarial pública como el mantenimiento de los puestos en seguridad privada. Mientras, Interior lleva meses haciendo malabares con el presupuesto
El martes, mientras todo el país estaba pendiente del inicio del juicio del 'procés', a escasos metros de la sala del Tribunal Supremo pasaron casi desapercibidos cientos de funcionarios de prisiones manifestándose tras una pancarta azul: 'Las prisiones, en huelga'.
El próximo lunes, los vigilantes de seguridad privados que también trabajan en las prisiones harán lo propio para intentar que el Ministerio del Interior tome una decisión. ¿Mantener 900 puestos de trabajo privado o mejorar el sueldo de los funcionarios públicos? Es el dilema al que se enfrenta el gabinete que dirige Fernando Grande-Marlaska, que lleva varios meses intentando hacer malabares con el presupuesto destinado a las cárceles españolas.
Los funcionarios de prisiones llevan meses presionando para pedir unas mejoras salariales que el propio ministro prometió en sede parlamentaria. Al mismo tiempo, los vigilantes privados que custodian el perímetro de las cárceles españolas preparan también movilizaciones, después de que Instituciones Penitenciarias desvelase que el plan de Interior es prescindir de los 900 vigilantes para sustituirlos por Guardia Civil y Policía Nacional. Un recorte en el presupuesto que, según creen los vigilantes, servirá para hacer frente a la subida de salario que exigen los funcionarios.
"Están jugando con el pan de un millar de familias de compañeros que realizan la seguridad perimetral de las prisiones para subirles a los funcionarios 125 euros mensuales, cuando ya cobran 1.600 netos al mes, manda narices", asegura a este diario un vigilante privado que trabaja en la cárcel de Valladolid.
Las 68 prisiones españolas en las que se utiliza seguridad privada se han convertido en un escenario de guerra fría entre trabajadores. Algo que, como explica Diego Giráldez, responsable federal de Seguridad Privada de UGT, es contraproducente. "Esto lo que no puede generar nunca es una guerra entre trabajadores. Nosotros defendemos una complementariedad que está perfectamente instaurada", explica Giráldez, que cree que las peticiones de los funcionarios de prisiones son "perfectamente lícitas" y que son los gobiernos y los políticos quienes "utilizan la seguridad privada como moneda de cambio".
El propio Marlaska aseguró en sede parlamentaria que "este ministro va a intentar tratar las demandas de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias"
Empleo público o privado
Este sistema mixto de trabajadores públicos y privados empezó a funcionar en 2016, cuando las prisiones tuvieron que tirar de vigilantes externos ante la falta de oferta de plazas públicas para mantener la seguridad que se encontraba en niveles extremos de alerta. "Si vas a un ministerio hay vigilantes, si llegas a un aeropuerto de Aena, también", dicen desde UGT, "nosotros creemos que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado deben dedicarse a la seguridad ciudadana y no entrar en estas tareas de vigilancia, en las que se ha demostrado que esta complementariedad funciona".
Y así ha sido durante dos años en las prisiones españolas. El problema llegó cuando los funcionarios públicos que trabajan en prisiones empezaron a demandar una subida de sueldo que equipare sus salarios a los de otros trabajadores públicos con competencias de seguridad. El cambio de Gobierno del pasado junio hizo que Instituciones Penitenciarias se sentase de nuevo en la negociación con los sindicatos que se había interrumpido con el Gobierno del Partido Popular. El 25 de septiembre, el ministerio puso sobre la mesa un complemento retributivo específico de 122.646.399,68 euros, que correspondería a una subida estimada, según fuentes vinculadas al sindicato, de alrededor de 100 euros por funcionario. Apenas tres días después, Interior retiró la oferta escudándose en un defecto de forma, que los sindicatos no compran. Y hasta hoy.
En octubre, unos 7.000 funcionarios de prisiones salieron a la calle en Madrid, convocaron una huelga y, después, empezaron a darse masivamente de baja por estrés en una posterior huelga encubierta que dejó al límite varias cárceles españolas. La última movilización, la del pasado martes ante el Supremo.
El propio ministro Fernando Grande-Marlaska aseguró en sede parlamentaria que "este ministro va a intentar tratar las demandas de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias. (...) Una de las políticas principales en esta materia va a ser de tipo orgánico, tratando, para un futuro próximo, que las plantillas de los funcionarios de prisiones vayan en ese sentido". Pero ¿qué es un planteamiento orgánico? Ni más ni menos que recortar el presupuesto destinado a la seguridad privada.
Los trabajos de unos por los sueldos de otros
El pastel se destapó a finales de este enero, cuando el secretario de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, avanzó en la comisión de Interior del Congreso que su presupuesto, de 1.196 millones de euros, dispone de un 3% de incremento respecto a 2018 para ir rescindiendo los contratos de seguridad privada "a medida que se vayan reponiendo efectivos en la Policía y la Guardia Civil". Además, explicó Ortiz, de esa partida, 874 millones se destinarán a personal penitenciario, lo que supondrá 1.000 nuevos funcionarios.
Aunque Interior nunca ha ligado la subida salarial de los funcionarios, que sigue paralizada, a los recortes en seguridad privada, las cifras cuadran
Aunque Interior nunca ha ligado la posible subida salarial de los funcionarios, que sigue paralizada, a los recortes en seguridad privada, las cifras cuadran. O al menos deben cuadrarle al ministerio, porque desde los sindicatos hay una incredulidad total. "No es cierto que se vaya a ahorrar", dicen desde UGT: creen que es una decisión que "no tiene ningún sentido" y aseguran que las declaraciones de Ortiz responden únicamente a un "profundo desconocimiento" de las labores que realizan los vigilantes.
Desde la división de Seguridad Privada de UGT explican a este medio que tienen fecha para sentarse con Instituciones Penitenciarias "en los próximos días", sin embargo, está por ver cómo afectará a estos contactos el anuncio de elecciones que ha realizado Pedro Sánchez este viernes y si un nuevo panorama electoral evitará o no que 900 trabajadores acaben el año sin puesto en las cárceles españolas.
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