Nacen en la provincia empresas de vigilancia contra las ocupaciones. «Apertura y control con informe al propietario», se anuncia una firma que custodia segundas residencias de la costa
Hay miedo, hasta psicosis, a acudir a la casa y ver que hay alguien dentro. Sucede en barrios de la periferia de Tarragona o Reus pero también en la costa, en segundas residencias, algunas de alto nivel, que pasan buena parte del invierno desiertas y tienen al propietario muy lejos, a centenares de kilómetros de distancia.
Por eso, alrededor del fenómeno de la ocupación están surgiendo negocios. En concreto, en Tarragona están naciendo los primeros servicios ofrecidos por empresas para vigilar viviendas y disuadir a los ocupas. Un ejemplo es Segundas Residencias Homes, una compañía nacida en 2011 pero enfocada en los últimos años a la vigilancia para evitar ocupaciones. «Visitas periódicas, apertura, limpieza y servicios de mantenimiento. Mantenga su propiedad lejos de robos y okupas», se anuncia.
«La problemática de la ocupación ha supuesto un auge del negocio, sobre todo en los dos últimos años. Empezamos a trabajar porque en la Costa Daurada hay muchas casas desocupadas y los propietarios durante el año viven lejos y no pueden desplazarse», explica María Villafranca, responsable de la empresa.
Desde Cambrils a Salou El clásico y vecinal favor de dejar las llaves para echar un vistazo se ha acabado profesionalizando y generando oportunidades de negocio. «Las personas que nos contactan son conscientes de que hay un problema muy grande con la ocupación. Hay mucha preocupación», desgrana Villafranca.
La actuación se realiza en lugares del epicentro turístico como Cambrils, Salou o Mont-roig del Camp y tiene servicios muy variados. «Depende de qué nos contraten. Podemos visitar la casa dos veces al mes, o una vez a la semana, lo que nos piden. Cuando lo hacemos enviamos un informe al dueño notificando que todo está en orden. Revisamos que todo esté bien», explica Villafranca.
Lo principal es dar la impresión de que en la casa vive gente y hay actividad diaria. No siempre se llega a tiempo. En ocasiones, se han topado con una casa ya ocupada. En ese caso, también se le informa al dueño para que proceda a actuar de cara a un futuro y siempre complejo desalojo de los inquilinos indeseados. Propietarios de Zaragoza o de Pamplona están entre sus clientes.
El marketing y la profesionalización han perfeccionado un servicio que también en Tarragona se ofrece de manera particular. Proliferan los anuncios de personas interesadas en hacer mantenimiento de viviendas vacías y que incluso se ofrecen a habitarlas para evitar la irrupción de ocupas, en una suerte de actualización urbana de la tradicional masoveria. También se ha puesto en marcha la labor de vigilancia puramente vecinal. «No es sólo ventilar la casa, entrar y salir. Ofrecemos una relación de confianza. También hay interés en la contratación de alarmas para la primera residencia», indica Villafranca.
El encendido remoto La firma también se mueve por ciudades más grandes como Tarragona o Reus y se encarga de subcontratar cuando es necesario: «Funcionamos mucho a demanda del propietario. Hay muchísimos sistemas que permiten disuadir».Desde las socorridas alarmas hasta los dispositivos para el encendido automático, a veces remoto, de las luces, para dar apariencia de que el lugar está habitado; todo método es bueno para evitar que los ocupas intenten entrar.
El problema se ha enquistado por toda la provincia, desde las decenas de ocupaciones en lugares de privilegio como Vilafortuny y Cambrils a los casos diarios en Mas Pellicer o El Carme, en Reus, pasando por otros distritos como El Serrallo, víctima de los ocupas en la capital tarraconense.
Es casi imposible establecer una cifra exacta de cuántos inmuebles hay ocupados en Tarragona. Sí que se puede, por otra parte, constatar cómo han evolucionado las denuncias por el delito de ocupación. El balance ilustra el comprensible incremento. En la provincia se produce más de una denuncia diaria por ocupación. En 2017 se registraron 521, un 67% más que en 2013.
Las cifras han ido aumentando tanto en los registros de Tarragona y Catalunya como en los de España, donde se cometen anualmente más de 10.000 delitos de este tipo, según las cifras remitidas por el Ministerio del Interior, con datos recabados de Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil. En el último año disponible, el crecimiento de estos delitos se quedó en el 3% en la provincia. En 2014 el incremento fue mucho más acentuado y se situó en el 39%.
Ante ese panorama, también el control de acceso ha vivido un repunte. Alba Control y Servicios, una empresa con sede en L’Ampolla (Baix Ebre), se mueve por la provincia y, por extensión, por toda Catalunya. «Hemos llegado a controlar el acceso a un edificio con 700 apartamentos. Se nota que hay bastante preocupación», cuenta Constantin, gerente y jefe de servicio de control de acceso. Se trata de un servicio que no llega al nivel de vigilancia y se queda en un estadio previo que es el de la prevención, también demandado. «Somos una especie de porteros. Controlamos las puertas de entrada, en unos horarios concretos, incluso por la noche. Acudimos y trabajamos según lo que nos pidan», aclara Constantin.
En Aula Magna, el instituto de formación en Tarragona, también notan el boom, como explica su director, Andreu Antolín: «El mercado absorbe toda la demanda. Desde hace dos años, hay una necesidad de vigilantes privados, que cada vez cogen más competencias». Tanto el vigilante como el controlador de acceso son roles reclamados. «Hay una psicosis derivada de los años de la crisis, de los robos, los delitos contra el patrimonio. Existe una mayor necesidad de protección y lo que está pasando con las ocupaciones tiene mucho que ver», admite Antolín
Uno de ellos quedó tendido en el suelo ensangrentado. Trataron de impedir que unos chicos problemáticos entraran en la primera planta del centro.
Dos vigilantes de seguridad del centro de primera acogida de menores de Hortaleza han presentado una denuncia en la comisaría por haber sido agredidos por 20 menores inmigrantes.
El suceso ocurrió a las 23:30 horas el pasado domingo. La educadora, entonces, le pidió a un vigilante de seguridad que evitara que dos chicos problemáticos entraran el en grupo de menores de la primera planta, pues estaban castigados.
Los dos vigilantes denunciantes les impidieron el paso y uno de los chicos comenzó la ofensiva. Lo empujó y, después de apartarlo, dos chicos empezaron a darles puñetazos.
Uno de ellos se quedó 'tocado', pero después se recuperó. Los vigilantes bajaron las escaleras y dos chicos empezaron a pegarles patadas y puñetazos. En la pelea entraron unos 20 menores del centro.
Uno de los vigilantes, tras la agresión, tuvo que ser atendido por quedarse en el suelo cubierto de sangre.
Todo esto lo ha confirmado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno el vicepresidente regional, Pedro Rollán, quien le ha deseado "una rápida recuperación".
El Ejecutivo madrileño está en "continua conversación" con los responsables de los centros de menores por si fuese necesario "reforzar las medidas de seguridad" o "incrementar el número de efectivos" dedicados a las tareas de vigilancia, ha explicado el también consejero de Presidencia.
Rollán también ha precisado que el vigilante de seguridad del centro de menores de Hortaleza ha presentado una denuncia en Comisaría por haber sido presuntamente agredido por un menor y que, ahora, le corresponde a la Policía Nacional "efectuar las indagaciones que considere oportunas".
El detenido ha sido identificado como un varón de 46 años que ya contaba con numerosos antecedentes anteriores por diversos delitos
Detenido por robar en un establecimiento tras amenazar al vigilante de seguridad que lo descubrió
Agentes de la Policía Nacional han detenido en A Coruña a un hombre por robar con violencia e intimidación diversos efectos en un establecimiento. El arrestado, al verse sorprendido por el vigilante de seguridad, se puso violento y le amenazó con sacarle un "pincho" que llevaba y matarle.
Según ha informado la Policía Nacional, un vigilante de seguridad que prestaba servicio en la zona centro de la ciudad observó a un varón que entraba y salía de un establecimiento. A dicha persona, añade, ya le conocía de cometer hurtos en ocasiones anteriores, por lo que llamó a la Policía e intentó pararle para comprobar si llevaba efectos sustraídos.
El arrestado, al verse sorprendido por el vigilante de seguridad, comenzó a "ponerse agresivo", destaca la Policía, y le amenazó diciendo que iba a sacar el "pincho" que llevaba y le iba a matar. Poco después emprendió la huida.
El vigilante consiguió alcanzarlo y comenzaron a forcejear. En ese momento, según el relato policial, llegaron agentes policiales y ayudaron a inmovilizar al hombre, "que mostraba un comportamiento bastante agresivo y no paraba de gritar", concretan las mismas fuentes.
Los agentes le identificaron y comprobaron las pertenencias que tenía en la mochila, en la que llevaba dos bolsas "faraday ya preparadas para burlar las alarmas de los arcos de seguridad de las tiendas", asegura la Policía. En su interior tenía unos alicates, varios productos de cosmética y unas prendas de ropa de diferentes marcas, entre otros efectos.
A raíz de estos hechos, y tras las comprobaciones, los agentes procedieron a la detención de este varón como presunto autor de un delito de robo con violencia/intimidación. Los viandantes que pasaban por el lugar y vieron lo ocurrido "comenzaron a aplaudir de manera espontánea la actuación de los agentes", abunda la Policía.
El arrestado fue trasladado a dependencias policiales donde se tramitaron las diligencias por los hechos. El detenido ha sido identificado como un varón de 46 años que ya contaba con numerosos antecedentes anteriores por diversos delitos. Una vez finalizado el atestado policial, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.
Una mujer entró "de forma violenta y "sin autorización" en el Hospital Neurotratumatológico de Jaén, donde está ingresada su pareja, y agredió a vigilantes y personal médico
Una mujer ha sido detenida acusada de protagonizar una nueva agresión a personal sanitario y a los vigilantes del Hospital Neurotratumatológico de Jaén donde se encontraba ingresada su pareja, según ha informado la Policía Local a través de su perfil de Twitter.
Según se indica desde Policía Local, la detenida tenía a su pareja ingresada en observación y entró en la sala "de forma violenta y sin autorización", de ahí que hayan sido requeridos los vigilantes de seguridad.
Una mujer ha sido detenida en el Hospital Neurotraumatológico de #Jaén, por agredir presuntamente al personal sanitario y a los vigilantes de seguridad. Esta persona tenía a su pareja ingresado en observación y entró en la sala de forma violenta y sin autorización.
Con relación a este caso, el Colegio de Médicos de la Provincia de Jaén ha emitido un comunicado en el que muestra "su más enérgica condena y repulsa" ante una situación que "lamentablemente ha vuelto a repetirse en apenas una semana
después de las agresiones físicas registradas recientemente en Linares a personal de atención sanitaria de una ambulancia y a personal administrativo del centro de salud Federico del Castillo", en Jaén capital.
Señala la institución colegial que la agresión física o verbal a los profesionales de la sanidad que se dedican a la mejora de la salud de los ciudadanos "debe en todo momento contar con el reproche de toda la sociedad manteniendo la tolerancia cero frente a este tipo de actuaciones".
Según datos ofrecidos por la Junta de Andalucía, durante el año 2018 en la provincia de Jaén se contabilizaron 109 agresiones, de las cuales 32 fueron a hombres y 77 a mujeres. De este total, 12 fueron agresiones físicas y 97, verbales.
Niegan que actuasen de manera desproporcionada y acusan a algunos aficionados de querer "provocar más que facilitar su labor"
Las denuncias de algunos aficionados del Real Oviedo sobre los registros de los vigilantes de seguridad en El Molinón antes del derbi siguen generando reacciones.
Esta mañana, la Asociación Profesional de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (A.VI.S.P.A.) ha defendido la actuación de los trabajadores en un comunicado remitido a los medios. En él, los vigilantes defienden sus actuación, "siendo, en todo momento, correctas y ajustadas a lo que determina la normativa reguladora".
Desde la asociación defienden que "en ningún momento se aprecia desproporcionalidad en las acciones desarrolladas de control de los aficionados del Real Oviedo, ni a la entrada, permanencia o salida del estadio por parte de los Vigilantes de
Seguridad; así como tampoco son ciertas las manifestaciones expresadas por algunas aficionadas en cuanto a que habían sido sometidas a trato vejatoria cuando tuvieron que mostrar las pertenencias personales o camisetas prohibidas que portaban".
Los vigilantes aseguran que es falso que nadie se quedase en sujetador en público. "Únicamente se ejercieron las medidas preventivas en cuanto al acceso con prendas no autorizadas, de lo cual ya tenían conocimiento y aún así hicieron caso omiso", señalan. Unas actitudes que ven "más para provocar que facilitar la labor de los operativos de seguridad".
Para terminar, el colectivo condena que "el Real Oviedo, su Junta Directiva y las peñas (APARO), continúen apoyando, dando cobijo y respaldo a estos aficionados ultras cuya labor principal es provocar alterados".
Un vigilante de seguridad del centro de primera acogida de menores de Hortaleza ha presentado una denuncia en Comisaría por haber sido presuntamente agredido por un menor.
Lo ha confirmado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno el vicepresidente regional, Pedro Rollán, quien le ha deseado "una rápida recuperación".
El Ejecutivo madrileño está en "continua conversación" con los responsables de los centros de menores por si fuese necesario "reforzar las medidas de seguridad" o "incrementar el número de efectivos" dedicados a las tareas de vigilancia, ha explicado el también consejero de Presidencia.
Rollán ha precisado que el vigilante de seguridad del centro de menores de Hortaleza ha presentado una denuncia en Comisaría por haber sido presuntamente agredido por un menor y que, ahora, le corresponde a la Policía Nacional "efectuar las indagaciones que considere oportunas".
Desde el sindicato Satse denuncian que el pasado fin de semana en el centro de menores de Hortaleza había 107 jóvenes, de los que 38 pernoctaron en el centro de primera acogida Isabel Clara Eugenia -ubicado a espaldas del de Hortaleza-, a los que se suman otros 3 que acuden a dormir solo algunas noches.
Según el sindicato, la capacidad del centro "es mucho menor" por lo que es "habitual" que los menores tengan que dormir en colchones en el suelo.
Reclaman una solución urgente por parte de todas las administraciones implicadas, para evitar que actos como este se vuelvan a repetir. Satse advierte de que esta situación afecta también al resto de centros de la red.
Para Satse la situación "es insostenible" por la sobreocupación de plazas, el hacinamiento de los jóvenes, el deterioro de las instalaciones y la precariedad de la plantilla.
"Las plantillas son muy deficitarias, lo que está provocando que desempeñen con una mínima normalidad su función educativa y/o formativa", insisten desde el sindicato, que reclama un aumento del personal "en todos los estamentos".
Identifica hasta por dos veces al presunto asesino de Jerónimo Luna, al que disparó cuando salía de un banco en el Viso del Alcor en el año 2008
La rueda de reconocimiento se ha celebrado entre fuertes medidas de seguridad
El testigo clave del asesinato de un vigilante de seguridad en El Viso del Alcor ha reconocido "sin ningún género de dudas" al presunto autor del crimen, Sergio Fernando Lima Moreira, alias Dani el Uruguayo. El juzgado de Instrucción número 2 de Carmona ha celebrado este lunes una rueda de reconocimiento, prueba en la que el testigo ha confirmado que se trata de la persona que vio.
La rueda de reconocimiento se ha celebrado entre unas fuertes medidas de seguridad, ya que Dani el Uruguayo está considerado como uno de los delincuentes más peligrosos de la historia reciente de la provincia de Sevilla. Además de matar al vigilante, tenía ya otras dos muertes violentas en su historial.
Ambos asesinatos fueron cometidos en su país natal, Uruguay, uno de ellos cuando era menor de edad. De hecho, en la misma sala en la que se ha celebrado la prueba había cinco guardias civiles armados.
El testigo lo ha identificado pese a ir con un look muy distinto al que llevaba en el día de los hechos, ocurridos el 15 de julio del año 2008 a las puertas de una sucursal bancaria ubicada en el mercado de abastos de El Viso del Alcor.
El testigo ha identificado hasta en dos ocasiones al presunto autor del crimen, del que ha dicho que veía "algo mayor", dado el tiempo transcurrido desde el tiroteo.
Dani el Uruguayo mató presuntamente de un disparo al vigilante de seguridad Jerónimo Luna e hirió de gravedad a su compañero Diego Castillo, que salían del banco con los 100.000 euros que el presunto atracador se llevó.
El delincuente pasó varios años fugado de la Justicia hasta que fue detenido por otro atraco a un camionero en el polígono Parsi, motivo por el cual se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Morón de la Frontera.
El atracador ha prestado también declaración ante la juez de Carmona que instruye el caso, a la que ha negado los hechos que se le imputan. Ha asegurado que la mañana del crimen estaba trabajando en el bar de la familia de su mujer, en Montequinto, y que se acuerda justamente porque vio la noticia del atraco en la televisión.
La juez le ha insistido en su buena memoria y le ha preguntado cómo recuerda eso con tanta nitidez pese a que han pasado más de diez años, a lo que el Uruguayo ha respondido que lo sabe bien porque en 2008 nació su hija. Sin embargo, ha tenido que admitir que la
niña nació en enero, mientras que el atraco se produjo en julio. La magistrada le ha invitado a que le recordara alguna otra noticia de ese año y no ha sido capaz de decir ninguna.
También ha negado que hubiera manejado nunca un arma de fuego. Cuando la fiscal le ha indicado el motivo por el que se encuentra en prisión (el atraco a un camionero al que disparó cuatro veces, que él admitió), ha respondido que "esa fue la única vez".
En las dos pruebas practicadas este lunes en los juzgados de Carmona han estado presentes las acusaciones particulares, que ejerce la viuda de la víctima, y también la representación jurídica de Prosegur, empresa para la que trabajaba el vigilante asesinado y para la que lo sigue haciendo el herido.
El vigilante de una empresa de seguridad ha resultado herido esta madrugada en el incendio que se ha producido en un almacén de obra situado en el 'Paraje 4 Vientos' de El Ejido, según han señalado a la Cadena SER Almería los Bomberos de Poniente.
El hombre, de 56 años de edad, ha tenido que ser trasladado al Hospital de Poniente con síntomas de intoxicación por el humo del incendio. Un incendio en el que también han ardido cuatro coches de la empresa y que ha tenido lugar a las dos y cuarto de la madrugada.
Según el servicio unificado de Emergencias 112 Andalucía, un particular alertó de un incendio en un polígono industrial en la zona de La Unión y acto seguido se activó a Bomberos del Consorcio de Poniente, Policía Local, Guardia Civil, Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) y Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA).
Segural adeuda varios impagos a sus trabajadores. El contrato se adjudicó por 638.000 euros y 2 años
El Ayuntamiento de Albacete va a retirar el contrato del servicio de vigilancia y seguridad en el centro de atención a personas sin hogar a la empresa adjudicataria, que acumula varios impagos a sus trabajadores.
La Comisión de Obras Públicas, Patrimonio, Interior y Contratación prevista para este miércoles en el Ayuntamiento de Albacete incluye un informe del Servicio de Acción Social que propone como posible causa de la rescisión del contrato la declaración de concurso de acreedores por parte de la empresa adjudicataria.
Este mismo informe propone el comienzo del proceso de adjudicación de un nuevo contrato, para no interrumpir la prestación del servicio.
El servicio se adjudicó el 3 de julio de 2018 a la empresa Segural, Compañía de Seguridad, por 638.000 euros y un periodo de dos años y una prórroga de dos años más.
La adjudicación incluía una fianza de 13.200 euros, que la Junta de Gobierno Local incautará si el concurso se declara culpable.
Varios trabajadores denuncian que altos cargos adscritos a Presidencia dan órdenes que no les corresponden, presionan y hasta se hacen dar masajes
La Policía está investigando la actitud de varios funcionarios de la Comunidad de Madrid con la empresa de seguridad adscrita a la dirección de Presidencia, que depende directamente del presidente regional Ángel Garrido.
En concreto, la Unidad Central de Seguridad Ciudadana, dependiente del Cuerpo Nacional de Policía, indaga casos de acoso y negligencia entre estos cargos y la empresa Sasegur, perteneciente al Grupo Control. Sasegur es la firma contratada desde hace al menos cinco años para labores de vigilancia en la sede de Presidencia, situada en la Puerta del Sol.
Según la documentación obtenida por este medio, dicha unidad lleva desde finales de 2018 interrogando a testigos e investigando el papel de estos funcionarios. Tres de ellos son el técnico especialista y responsable de Seguridad de la Comunidad Pablo Aledo el técnico de Seguridad Pedro Meroño y el supervisor Carlos Correcher.
Hay testimonios asegurando que estos cargos autonómicos violan la Ley de Seguridad Privada y se personan en lugares que no deben y dar órdenes que no les corresponde; grabaciones acosando y amenazando con despedir a vigilantes; fotos en las que se ve a empleados de seguridad privada dándoles masajes en horarios de trabajo, y otras actuaciones de carácter negligente.
Una delegada sindical y jefa de equipo fue presionada por su actividad en el comité
En las grabaciones -este medio posee varias- se escucha a alguno de los tres funcionarios extralimitándose con los empleados: en Presidencia de la Comunidad trabajan como vigilantes aproximadamente medio centenar.
En el audio que aparece a continuación una delegada sindical y a la vez jefe de equipo es presionada por su actividad en el comité de empresa.
En otros audios se amenaza a otros compañeros con represalias como el despido. También hay fotos de vigilantes dando masajes a los altos cargos regionales.
En los testimonios recabados por la Brigada Central de Inspección e Investigación de la Unidad Central de Seguridad los testigos afirman que “las órdenes de puesto las transmiten estos señores a los propios vigilantes de seguridad, a los que en ocasiones directamente les recriminan su forma y manera de realizar su trabajo”.
Según la Ley de Seguridad Privada, está prohibido que los vigilantes reciban órdenes de funcionarios.
“Los técnicos de Seguridad de la Comunidad de Madrid antes citados le tienen prohibido a R.R. [encargado de Organización, Dirección e Inspección de Sasegur] el acceso a las instalaciones, facilitándole solamente el acceso hasta el cuarto de cámaras”.
Las órdenes las transmiten estos señores a los propios vigilantes de seguridad”
Otra acta de declaración policial recoge que “estos señores hacen un control férreo y severo sobre la mayoría de los vigilantes, sobre todo los que no son de su confianza”.
“Por parte de técnicos de la Comunidad de Madrid” el testigo “quiere hacer constar que reciben órdenes para realizar funciones que cree que no corresponden al servicio de seguridad, tales como recepción y custodia de paquetes para altos cargos, haciéndoles responsables de la custodia de dichos envíos”.
Otro lío en el ayuntamiento
Alguno de los funcionarios investigado ha protagonizado antaño otras polémicas.
Correcher fue señalado como conseguidor en un escándalo ocurrido en junio de 2016 en una empresa dependiente del Ayuntamiento de Madrid: el Grupo Ilunión (antigua ONCE) perdió un contrato de seguridad valorado en cinco millones de euros en la
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del ayuntamiento por no presentar la documentación tras ganar el concurso, tal y como publicó El Independiente en septiembre pasado.
Las fuentes consultadas en ese momento apuntaron a Correcher como la persona que estaría detrás de la jugada. La adjudicación final se la llevó Castellana de Seguridad (Casesa).
Correcher, uno de los investigados, fue condenado en 2005 por acoso laboral
No es la primera vez que el nombre de Correcher aparece en alguna trama. Surgió en el escándalo de los espías de la Comunidad de Madrid, que actualmente está siendo juzgado.
Y en 2005 fue condenado por acosar laboralmente a otro vigilante, al que insultaba sistemáticamente. La Comunidad de Madrid tuvo que abonar al denunciante 40.000 euros en concepto de indemnización y a distribuir una nota de disculpa entre los compañeros de la víctima.
Este medio se ha puesto en contacto con el gabinete de Presidencia de la Comunidad de Madrid el viernes para poder hablar con alguno de los investigados. Ninguno ha querido hacer declaraciones.
Una mujer ha sido 
detenida en el Hospital Neurotraumatológico de 
